El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción para los imputados en el caso Camaleón, declarándolo como un caso complejo. Entre los imputados se encuentran José Gómez-Canaán, Hugo Beras Goico, Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas. Según el Ministerio Público, estos individuos forman parte de una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, y robo de identidad.
La fiscal Mirna Ortiz indicó que la audiencia para decidir sobre la prisión preventiva fue fijada para el sábado a las 11:00 de la mañana. Por otro lado, se destaca la presencia de Hugo Beras Goico, exdirector del Intrant y propietario de empresas como Transcore Latam y Aurix, dentro de los imputados en el caso. También se encuentra Frank Díaz Warden, quien se desempeñaba como coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant, junto a otros involucrados en la presunta red de corrupción identificada.
El Ministerio Público señala que esta red de corrupción y crimen organizado opera mediante el uso de alta tecnología para cometer delitos como desfalco, estafa, falsificación, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad. La solicitud de prisión preventiva como medida de coerción busca garantizar la continuidad de las investigaciones y evitar la posible obstrucción de la justicia por parte de los imputados. Asimismo, se busca preservar la seguridad y el orden público ante estos graves delitos.
El caso Camaleón ha generado gran impacto en la opinión pública por la magnitud de los delitos imputados y la presunta implicación de altos funcionarios en actos de corrupción. La fiscal Mirna Ortiz ha destacado que la importancia de declarar el caso como complejo radica en la necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva y detallada que permita esclarecer todos los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los imputados. La ciudadanía espera que la justicia actúe con celeridad y transparencia en este caso.
La solicitud de prisión preventiva como medida de coerción refleja la determinación de las autoridades de combatir la corrupción y el crimen organizado en todas sus formas. La presunta red de corrupción identificada en el caso Camaleón revela la complejidad y sofisticación de las operaciones criminales que afectan al Estado y a la sociedad en su conjunto. La audiencia fijada para el sábado será clave para definir el curso de las investigaciones y la posible sentencia contra los imputados.
En conclusión, el caso Camaleón representa un desafío para el sistema judicial dominicano en su lucha contra la corrupción y el crimen organizado. La solicitud de prisión preventiva como medida de coerción para los imputados demuestra la gravedad de los delitos imputados y la necesidad de garantizar la continuidad de las investigaciones. La sociedad dominicana espera que la justicia actúe con firmeza y transparencia en este caso, enviando un mensaje claro de que la impunidad no tiene cabida en el país.
