La "Operación Camaleón" del Ministerio Público ha llevado al desmantelamiento de una red de corrupción y crimen organizado que se dedicaba al desfalco y la estafa contra el Estado. En medio de esta operación, José "Jochi" Ángel Gómez-Canaán fue arrestado por presuntas irregularidades en una licitación para la modernización del Sistema Integral de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo. La empresa vinculada a Gómez-Canaán, Transcore Latam, fue acusada de uso indebido de las instalaciones semafóricas y de añadir elementos no incluidos en la oferta original, como cámaras de vigilancia. Según el Ministerio Público, estas cámaras formaban parte de un esquema ilegal de espionaje dirigido por Gómez-Canaán y otro imputado.
Durante una auditoría realizada en el marco de la Operación Camaleón, se descubrió que las cámaras instaladas por Transcore Latam tenían funciones de conteo de tráfico y captura de imágenes en tiempo real, así como almacenaban una gran cantidad de datos. Sin embargo, la empresa no pudo explicar adecuadamente cómo se procesaba esta información ni dónde se almacenaba. Los fiscales destacaron que los servidores utilizados por la empresa eran insuficientes para manejar la cantidad de datos almacenados, lo que plantea preocupaciones sobre la gestión y la protección de la información recopilada.
El Ministerio Público enfatizó que la vigilancia encubierta de ciudadanos sin su consentimiento representa una amenaza directa a la privacidad y seguridad, y puede constituir delitos contra la seguridad pública y otros crímenes conexos. Además, los fiscales señalaron que la información recopilada a través de estas cámaras podría utilizarse para realizar actos de extorsión, lo que agrava aún más la gravedad de la situación. En este sentido, la Operación Camaleón no solo busca desmantelar la red de corrupción y crimen organizado, sino también garantizar la protección de los derechos y la privacidad de los ciudadanos.
La empresa Transcore Latam, involucrada en el caso Camaleón, no logró justificar de manera adecuada el uso de las cámaras de vigilancia y el procesamiento de la información recopilada. El Ministerio Público destacó que la manipulación de datos y la vigilancia encubierta son actividades que atentan contra la privacidad y seguridad de los ciudadanos, y pueden tener consecuencias graves en términos de seguridad pública. Además, la falta de explicaciones claras por parte de la empresa respecto al manejo de la información y la insuficiencia de sus servidores generan preocupaciones adicionales sobre la transparencia y la protección de los datos recopilados.
En conclusión, la Operación Camaleón ha revelado un entramado de corrupción y crimen organizado que involucra presuntas irregularidades en una licitación para la modernización del sistema de control de tráfico en Santo Domingo. La empresa Transcore Latam, vinculada a José "Jochi" Ángel Gómez-Canaán, ha sido acusada de instalar cámaras de vigilancia con funciones sospechosas y de agregar elementos no autorizados en la oferta original. Estas acciones no solo representan un riesgo para la privacidad y seguridad de los ciudadanos, sino que también plantean preocupaciones sobre el manejo adecuado de la información recopilada. La Operación Camaleón busca desmantelar esta red de corrupción y garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos y vulneraciones de su privacidad.
