Jochi Gómez es acusado de realizar labores de inteligencia y seguimiento a jueces y funcionarios del sistema judicial dominicano, según detalla el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción en su contra y otros implicados en el caso Camaleón. Los fiscales de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) encontraron en la guantera de su vehículo documentación detallada sobre los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, así como un listado de nombres de jueces, abogados y otros funcionarios relacionados con dicho tribunal. Tras su arresto, miembros del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional ubicaron el vehículo donde se presentó a la Procuraduría, encontrando armas de fuego en su interior.
Además de Jochi Gómez, en el expediente figuran otros implicados en el caso, entre ellos Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant); Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas. Se les acusa de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
En el vehículo de Jochi Gómez se encontraron armas de fuego, como una pistola Glock 17 y otra Glock 19, junto con municiones y otros objetos relacionados con actividades de inteligencia y seguimiento a jueces y funcionarios del sistema judicial. Asimismo, se verificó que había otros vehículos estacionados en el lugar, pertenecientes a otras personas relacionadas con Gómez. Los fiscales también señalan que la placa de uno de estos vehículos no correspondía al chasis del mismo, lo que generó sospechas adicionales sobre la red de corrupción en la que estaban involucrados.
La investigación del Ministerio Público apunta a que estos implicados utilizaban alta tecnología para cometer actos de corrupción, desfalco, estafa, falsificación, contrabando y comercio ilícito, entre otros delitos. Se destacan las actividades de sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad como parte de las acciones ilegales realizadas por esta red. Este caso ha generado gran interés en la opinión pública dominicana debido a la magnitud de las acusaciones y la complejidad de las operaciones ilícitas llevadas a cabo por los implicados.
La presencia de Jochi Gómez en la Procuraduría y el hallazgo de armas de fuego en su vehículo han puesto en evidencia las actividades ilícitas en las que estaba involucrado, así como la extensión de la red de corrupción que abarca a otras figuras públicas y funcionarios del sistema judicial. La implicación de personas relacionadas con el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) y otras instituciones públicas ha generado preocupación en la sociedad dominicana, que demanda transparencia y rendición de cuentas ante estos casos de corrupción y crimen organizado. Las autoridades continuarán investigando para desmantelar esta red y llevar a los responsables ante la justicia.
En medio de un clima de incertidumbre y preocupación por las implicaciones de este caso de corrupción y crimen organizado, la sociedad dominicana espera que las autoridades actúen con firmeza y transparencia para llevar ante la justicia a todos los responsables y poner fin a estas prácticas ilícitas. La complejidad de las operaciones realizadas por esta red, así como la utilización de alta tecnología para cometer actos delictivos, plantea nuevos desafíos para las autoridades encargadas de combatir la corrupción en el país. La transparencia y la rendición de cuentas se convierten en pilares fundamentales para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y en el sistema judicial.
