Jochi Gómez, propietario de Transcore Latam y Aurix, compró vehículos aéreos no tripulados durante la pandemia de COVID-19 y en pleno proceso electoral en 2020. Según la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), realizó la compra de drones de forma urgente para monitorear las elecciones. Contactó a Jörg Brinkmeyer de Globe-UAV GMBH en Alemania para adquirir los equipos, software y accesorios necesarios por un valor total de €333,468.00. Además, envió un avión privado para traer a Brinkmeyer y su equipo a la República Dominicana.
Una vez en el país, Brinkmeyer y su equipo fueron llevados a un hotel en Santo Domingo y posteriormente a las oficinas de Aurix. Sin embargo, surgió un conflicto entre Jochí Gómez y Brinkmeyer debido al pago de los servicios, lo que resultó en que el equipo técnico quedara varado en el país durante el cierre por la pandemia. Finalmente, Brinkmeyer y su equipo tuvieron que regresar a Alemania en un vuelo comercial el 2 de julio de 2020.
Según los fiscales, Jochi Gómez realizó una serie de transferencias bancarias para pagar los servicios de Brinkmeyer, pero quedó pendiente una suma importante. Además, se descubrió que los equipos ingresados al país no fueron declarados ante la Dirección General de Aduanas, lo que constituye el delito de contrabando y comercio ilícito. Asimismo, se constató que ni Gómez ni otras personas mencionadas poseían los permisos necesarios para el manejo de aeronaves.
La compra de los drones y la instalación de los mismos se realizaron sin declararlos ante las autoridades aduaneras ni pagar los impuestos correspondientes. Esto generó un conflicto entre Jochi Gómez y Jörg Brinkmeyer, ya que el primero se negó a finalizar el pago de los servicios y dejó al equipo técnico varado en República Dominicana. Finalmente, Brinkmeyer y su equipo tuvieron que regresar a Alemania en un vuelo comercial el 2 de julio de 2020.
Los fiscales del caso Camaleón alegan que Jochi Gómez ingresó al país la mercancía sin declararla ni pagar impuestos, lo cual constituye una infracción grave. Además, se comprobó que ni Gómez ni otras personas involucradas tenían los permisos necesarios para el manejo de aeronaves. Esta situación llevó a que el equipo técnico que trajo los drones quedara varado en el país y tuviera que regresar a Alemania en un vuelo comercial.
