El Gobierno dominicano no pagó la totalidad del contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la empresa Transcore Latam SRL, lo que resultó en la suspensión del mismo. Un pago inicial del 20% fue realizado, pero el Estado quedó pendiente de equipos que la empresa debía devolver, a través de la Unidad de Rescate de Bienes Públicos coordinada por el abogado Jorge Luis Polanco. A pesar de esto, el contrato no permaneció vigente.
En relación al caso Camaleón, se imputa a varios individuos por su presunta participación en una red de corrupción y crimen organizado que implicaba desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad. Los representantes del Ministerio Público revelaron que cuentan con pruebas sobre un contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización en Santo Domingo, un contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, y evidencia de sabotaje contra la red semafórica en agosto.
Los imputados en el caso Camaleón están siendo investigados por diversas conductas delictivas de acuerdo con la legislación dominicana, que incluyen corrupción, coalición de funcionarios, uso de documentos falsos, desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, actos de terrorismo, contrabando, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre otros. Se sostiene que estos actos fueron realizados en perjuicio del Estado dominicano.
La Operación Camaleón ha sacado a la luz un presunto acuerdo "oculto y de malas intenciones" entre Paulino Sem y la empresa de José Ángel Gómez, conocido como "Jochi". Este acuerdo se suma a las acusaciones de corrupción y actividades ilegales que rodean al caso. La investigación en curso busca esclarecer la extensión de las actividades delictivas de la red y llevar a los responsables ante la justicia.
La complejidad de este caso sugiere una red criminal sofisticada y bien organizada, que posiblemente haya operado durante un período prolongado sin ser detectada. La implicación de funcionarios públicos de alto rango y su presunta participación en actividades delictivas plantea interrogantes sobre la integridad y transparencia de las instituciones gubernamentales en República Dominicana. Es fundamental que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y se tomen medidas rigurosas para prevenir futuros casos de corrupción y crimen organizado en el país.
La imputación de varios individuos en el caso Camaleón representa un paso importante hacia la rendición de cuentas y la justicia en República Dominicana. Este caso destaca la importancia de mantener la vigilancia sobre la conducta de los funcionarios públicos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para prevenir y combatir la corrupción en el país. Solo a través de la transparencia, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho se podrá garantizar un gobierno justo y honesto para todos los ciudadanos dominicanos.
