Mucho antes de ser nombrado director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras Coico Ramírez expresó su interés en conocer a José Ángel Gómez (Jochi Gómez), solicitando que coordinara una reunión con él. Según establece el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción de la denominada Operación Camaleón. En dicha reunión, Beras manifestó su deseo de ser director del INTRANT y discutió ideas sobre tráfico y posibles soluciones para el tema de tránsito en la ciudad. Posteriormente, el 12 de noviembre de 2021 se celebró otra reunión en la que participaron únicamente Beras y Gómez.
En el mes de febrero del 2023, Gómez se comunicó con Edwin Emilio Yeara Alcántara, solicitando que verificara un proceso en el portal de compras dominicanas sobre la adquisición de semáforos. Gómez quería que Yeara Alcántara participara en un consorcio de empresas para licitar en un proceso del INTRANT, junto con Mario Virgilio Arcala Rodríguez, bajo el nombre de Consorcio de Seguridad Sostenible. Posteriormente, Arcala Rodríguez se presentó en el apartamento de Gómez y firmó el documento para la creación del consorcio.
El Ministerio Público detalla que Edwin Emilio Yeara Alcántara, representante del Consorcio de Seguridad Sostenible, solicitó el registro a Compras Dominicanas y trabajó el resto del proceso con la dirección de José Ángel Gómez, responsable de suministrar la información técnica necesaria. A pesar de no haber hablado inicialmente del precio en la oferta económica, Yeara Alcántara recibió un documento de Gómez con precios en dólares sobre semáforos, controladores, reguladores, cámaras, postes de semáforos y drones, en base a los cuales hizo su oferta económica por el consorcio.
Además de Beras y Gómez, otros imputados en el caso Camaleón son Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas. El grupo es señalado de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Los imputados en Operación Camaleón son investigados por conductas delictivas como proscritas en artículos de la Constitución de la República Dominicana, el Código Penal dominicano y otras leyes. Se les acusa de corrupción, desfalco, coalición de funcionarios, estafa en perjuicio del Estado, asociación de malhechores, sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre otros. Todo esto en perjuicio del Estado dominicano.
