Un cuerpo de fiscales liderado por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, está revisando la solicitud de medida de coerción contra el exdirector del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán y otros acusados en el caso Camaleón. El expediente, que consta de más de 300 páginas, está siendo presentado ante la jueza Fátima Veloz de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien decidirá si acepta o no la petición del órgano acusador. El Ministerio Público solicita prisión preventiva como medida cautelar para los siete implicados y que el caso sea declarado complejo.
Además de Beras y Jochi Gómez, también están siendo acusados Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras en el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero; y Carlos José Peguero Vargas. A todos se les imputa la comisión de delitos de alta tecnología, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos, así como estafa contra el estado a través de contrataciones públicas con las que se beneficiaron esas empresas.
El Ministerio Público busca que la justicia imponga medidas severas a los acusados en el caso Camaleón, incluyendo la prisión preventiva y que el caso sea considerado como complejo. La acusación se centra en delitos relacionados con alta tecnología, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos, así como estafa contra el estado a través de contrataciones públicas que favorecieron a ciertas empresas. La sociedad espera que la justicia actúe de manera contundente en estos casos de corrupción que afectan la administración pública y el interés general.
La decisión de la jueza Fátima Veloz en cuanto a la solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso Camaleón será fundamental para el desarrollo del proceso judicial. El expediente con más de 300 páginas contiene detalles de los delitos imputados a cada uno de los acusados y sustenta la petición de medidas cautelares como la prisión preventiva. El Ministerio Público bajo el liderazgo de Wilson Camacho está trabajando para llevar a los responsables de estos actos de corrupción ante la justicia y lograr que se les impongan las sanciones correspondientes.
La corrupción administrativa es uno de los mayores problemas que enfrentan muchos países, afectando la transparencia, el desarrollo y la confianza en las instituciones públicas. En el caso específico del Intrant y el caso Camaleón, las acusaciones incluyen delitos de alta tecnología, lavado de activos, falsificación y estafa contra el estado, lo que evidencia la gravedad de las conductas imputadas a los acusados. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa está trabajando arduamente para investigar, presentar las acusaciones y llevar a juicio a aquellos que han incurrido en actos ilícitos.
La sociedad civil y los ciudadanos en general esperan que la justicia actúe de manera imparcial y ejemplar en estos casos de corrupción, garantizando la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia. El Ministerio Público está cumpliendo con su deber de investigar y presentar pruebas sólidas contra los acusados en el caso Camaleón, demostrando su compromiso con la lucha contra la corrupción. La decisión de la jueza en cuanto a la medida de coerción será crucial para determinar el rumbo del proceso judicial y asegurar que se haga justicia en estos casos que afectan la confianza en las instituciones públicas y la democracia.