El proceso de solicitud de medida de coerción contra los implicados en la operación Camaleón continúa avanzando este martes. Entre los involucrados se encuentran el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario "Jochi" Gómez y otros ocho más. Se les acusa de desviar más de 1,300 millones de pesos del erario público en un acuerdo relacionado con la implementación del sistema semafórico de Santo Domingo. La audiencia estaba programada para las 2:00 de la tarde y se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional está evaluando la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva para los acusados y declarar el caso como complejo.
Durante la llegada de los presuntos involucrados al Palacio de Justicia, se pudo observar a Hugo Beras con casco, chaleco antibalas y esposado, siguiendo los protocolos de seguridad correspondientes. Además de Beras y Gómez, también están implicados en el proceso Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas. Se les señala de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado que se dedica al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas y robo de identidad.
Los tipos penales específicos contra los siete implicados están especificados en la orden de arresto número 2024-AJ0020784, emitida por la jueza del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Fátima Scarlette Veloz Suárez, a solicitud del procurador Camacho. La investigación se centra en la supuesta violación del artículo 146, numeral 1, de la Constitución; así como los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405 del Código Penal. El Ministerio Público busca que se aplique la medida de prisión preventiva para los acusados y que se considere el caso como complejo debido a la magnitud de los delitos imputados y la complejidad de la red de corrupción y crimen organizado en la que presuntamente estaban involucrados.
La operación Camaleón ha generado gran interés en la sociedad dominicana debido a la gravedad de los delitos de corrupción y desfalco del erario público que se les imputan a los involucrados. La implementación del sistema semafórico en Santo Domingo, que debería haber sido una contribución a la seguridad vial y el orden en la ciudad, se convirtió en un presunto esquema de corrupción que habría desviado una cantidad significativa de recursos destinados para ese fin. La audiencia para la solicitud de medida de coerción es un paso importante en el proceso judicial que busca determinar la responsabilidad de los acusados y asegurar que se haga justicia en este caso.
La presencia de exfuncionarios, empresarios y otras figuras importantes en este presunto entramado de corrupción pone de manifiesto la complejidad y la gravedad del caso. La sociedad dominicana espera que las autoridades judiciales actúen con diligencia y transparencia para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables sean procesados y sancionados según la ley. La lucha contra la corrupción y la impunidad es un desafío constante en la sociedad dominicana, y casos como el de la operación Camaleón ponen de manifiesto la importancia de fortalecer las instituciones y los mecanismos de control para prevenir y combatir este tipo de acciones ilícitas que afectan el desarrollo y la estabilidad del país.
