La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional tiene programada una audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción contra Hugo Beras, exdirector del INTRANT, José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S., y otros implicados en el caso Camaleón. En la audiencia, el Ministerio Público debe presentar elementos para que el tribunal apruebe la prisión preventiva y declare la complejidad del proceso. Según el expediente acusatorio, se les acusa de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada a desfalcos, estafas, falsificaciones, contrabando, sabotaje, terrorismo y robo de identidad.
Los representantes del Ministerio Público cuentan con pruebas como contratos fraudulentos para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, contratos ilegales con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, evidencia de sabotaje a la red semafórica en agosto, entre otros. Los implicados en la Operación Camaleón están siendo investigados por diversos delitos, como corrupción, coalición de funcionarios, desfalco, asociación de malhechores, estafa en perjuicio del Estado, sabotaje, lavado de activos, entre otros, en perjuicio del Estado dominicano.
Durante la Operación Camaleón se realizaron allanamientos en residencias y empresas en diferentes zonas del país, participando alrededor de 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados en crimen organizado. Se encontraron cientos de evidencias que respaldan las acusaciones del Ministerio Público, considerando este operativo como uno de los más exitosos contra el crimen organizado. Las investigaciones continúan y podrían llevar a la inclusión de nuevos implicados y nuevas acusaciones relacionadas con el esquema de sobornos.
En la audiencia se esperan detalles sobre las acusaciones contra Jochi Gómez por espionaje, así como declaraciones del General Paulino Sem, quien afirma no temer a la investigación. La Operación Camaleón ha sido considerada como un golpe importante contra la corrupción y el crimen organizado en la República Dominicana, mostrando el compromiso de las autoridades en combatir estos delitos y procesar a los responsables. Se espera que las medidas de coerción sean aplicadas de forma justa y en base a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
