La audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los siete implicados en el caso Camaleón continuó este miércoles en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. La defensa del empresario Jochi Gómez, liderada por Gustavo Balcacer, está presentando sus argumentos ante la jueza Fátima Veloz. Gómez enfrenta cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos, entre otros. Se le acusa de sabotear la red semafórica en Santo Domingo y de actos de terrorismo contra infraestructuras estatales. Se alega que su empresa, Aurix, controlaba los sistemas semafóricos y de vigilancia de forma fraudulenta.
El Ministerio Público argumenta que Gómez Canaán utilizó empresas como Transcore Latam y Dekolor para movilizar fondos ilegales y llevar a cabo lavado de activos. Además de Gómez, también se espera que Carlos José Peguero Vargas hable ante el tribunal. Se le acusa de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos y participación en sabotajes y actos de terrorismo. El grupo de siete implicados incluye al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y se les acusa de delitos de alta tecnología, lavado de activos, falsificación de documentos y estafa estatal a través de contrataciones públicas.
La defensa de Carlos José Peguero Vargas alega que movilizaba fondos a través de la empresa Inprosol S.R.L., desviando dinero asignado a Transcore Latam, y estaba involucrado en la estructura de vigilancia y espionaje de José Gómez Canaán. Se le acusa de colaborar en la construcción de una estructura financiera ilegal. La Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa solicita prisión preventiva para los siete implicados y que el caso sea declarado complejo. Se les imputa también por falsificación y uso de documentos falsos en el marco de contrataciones públicas.
En la audiencia, se está debatiendo el papel de los implicados en el caso Camaleón, donde se denuncian actos de corrupción y lavado de activos. La defensa de los acusados presenta sus argumentos para tratar de evitar medidas coercitivas en su contra. Se señala a Gómez como responsable del sabotaje a la red semafórica y de actos de terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado. Se destaca la manipulación fraudulenta de los sistemas semafóricos y de vigilancia a través de empresas controladas por Gómez, con el presunto propósito de lavar activos obtenidos ilegalmente.
Además de Gómez y Peguero Vargas, otros cinco implicados enfrentan cargos por delitos como lavado de activos, falsificación de documentos, estafa y asociación de malhechores. El caso involucra a empresas relacionadas con contrataciones públicas y se solicita la prisión preventiva para todos los acusados. La Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa busca esclarecer la participación de cada implicado en las actividades ilícitas denunciadas en el caso Camaleón. La audiencia continúa para determinar las medidas coercitivas a aplicar a cada uno de los acusados.
