Este miércoles continúa el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional para los implicados en la operación Camaleón. Los principales encartados por el Ministerio Público son Hugo Beras, exdirector del Intrant, y José Ángel Gómez Canaán (Jochi). Otros implicados son Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez y Juan Francisco Álvarez, todos relacionados con el Intrant. También se imputa a las empresas Transcore Latam, Aurix e Inprosol.
Los investigados en la Operación Camaleón están siendo acusados por varias conductas delictivas, como corrupción, coalición de funcionarios, uso de documentos privados, desfalco, asociación de malhechores, estafa en perjuicio del Estado y otros delitos relacionados con la Ley contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Se les acusa también de contrabando, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos en detrimento del Estado dominicano.
Durante la Operación Camaleón se realizaron allanamientos en diferentes lugares, incluyendo residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. Participaron en el operativo aproximadamente 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados en crimen organizado. Se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público, calificando la operación como una de las más exitosas contra el crimen organizado.
El Ministerio Público informó que continúan las diligencias investigativas, lo que podría resultar en la incorporación de nuevos imputados y en la presentación de nuevas imputaciones relacionadas con el esquema de sobornos. Se espera que en las próximas audiencias se decida si los implicados en la Operación Camaleón enfrentarán medidas de coerción y se continúe avanzando en el proceso judicial correspondiente.
La Operación Camaleón ha generado gran interés en la opinión pública debido a la magnitud de las acusaciones y a la cantidad de implicados. El Ministerio Público ha destacado la importancia de combartir la corrupción y el crimen organizado, promoviendo la transparencia y el respeto a la ley en la República Dominicana, lo que podría sentar un precedente en los casos de corrupción en el país.
Los implicados en la Operación Camaleón enfrentan graves acusaciones que podrían resultar en largas penas de cárcel si se demuestra su culpabilidad. Se espera que el proceso judicial se desarrolle de manera transparente y justa, garantizando los derechos de todas las partes involucradas. Este caso podría tener un impacto significativo en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana y en el fortalecimiento de las instituciones para combatir el crimen organizado en el país.
