En la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los acusados del caso Camaleón, las barras de la defensa y el Ministerio Público se preparan para el proceso de réplica y contrarréplica. La jueza Fátima Veloz dará la oportunidad a los representantes del Ministerio Público para replicar a las defensas de los acusados, lideradas por Wilson Camacho y Mirna Ortíz. Luego, los acusados tendrán la oportunidad de contrarreplicar ante lo dicho por la barra de las autoridades.
Durante un receso de 10 minutos, la abogada Ingrid Hidalgo, defensora de Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant, argumentó que su cliente no debería ser enviado a prisión preventiva, ya que es un ciudadano español con arraigos suficientes y disposición para presentarse en los actos del proceso. La defensa propuso que se le imponga la presentación periódica como medida cautelar en lugar de los 18 meses de prisión preventiva solicitados por el Ministerio Público.
El Ministerio Público acusa a Gregorio Baquero de ser una pieza clave en el fraude, facilitando el control de los sistemas a empresas no aptas legal y técnicamente. Se le imputan delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco y falsificación. Se sostiene que adaptó evaluaciones para beneficiar a ciertas empresas y falsificó documentación para recibir pagos indebidos. Baquero es señalado como coautor de los delitos y como partícipe en la ejecución técnica del esquema fraudulento.
La defensa de Carlos José Peguero manifestó confianza en que su cliente saldrá bien parado del proceso cautelar, describiendo el expediente del Ministerio Público como "vacío". Peguero es acusado de movilizar fondos a través de una empresa para desviar dinero y de colaborar en la construcción de una estructura financiera ilícita. Se le imputan cargos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos y sabotaje a infraestructuras críticas. Al grupo de siete implicados se les acusa de delitos de alta tecnología, lavado de activos, falsificación y estafa contra el estado a través de contrataciones públicas.
En la audiencia, se discuten los roles de los acusados en el caso Camaleón, donde se cometieron delitos relacionados con el control de sistemas de vigilancia y el desvío de fondos públicos. Las defensas argumentan en contra de la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, proponiendo medidas menos restrictivas. Se destaca la colaboración en la construcción de estructuras financieras ilícitas y la facilitación de fraudes, así como la manipulación de documentación para beneficio personal. Los acusados enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa, lavado de activos y sabotaje a infraestructuras críticas estatales.
