Un vecino alerta sobre la migración en Santo Domingo, donde militares persiguen a los indocumentados. El gobierno anunció un plan para repatriar hasta 10,000 indocumentados por semana con el objetivo de reducir la población migrante, principalmente haitiana. Las autoridades ya han deportado a 250,000 haitianos y en el primer semestre de este año expulsaron a 66,000. Si se cumple la meta, las expulsiones anuales podrían ascender a medio millón, lo que ha sido criticado por Haití y organismos internacionales.
Los haitianos en República Dominicana están desamparados, incluso aquellos con pasaporte o permiso de residencia vencidos. La incertidumbre en la comunidad es palpable, con más de 1,100 detenciones en un solo día y operativos masivos a lo largo del fin de semana que terminan en expulsiones a la frontera. Los familiares esperan ansiosos fuera de los centros de detención para conocer la suerte de sus seres queridos.
Haití condena las deportaciones calificándolas como actos deshumanizantes que contravienen las normas internacionales de derechos humanos. La CIDH también mostró preocupación, así como la reacción de organizaciones locales. A pesar de las críticas, las autoridades dominicanas aseguran que se están llevando a cabo respetando las normas internacionales y la dignidad de las personas.
El presidente Abinader argumenta que la inestabilidad en Haití presiona a República Dominicana, mencionando las cargas económicas y humanitarias que representa la inmigración haitiana. Sin embargo, omitió datos como la importancia comercial de Haití para el país vecino. A pesar de las críticas, Abinader ha mantenido una postura firme en la política migratoria, multiplicando las redadas y las deportaciones en la frontera.
Las deportaciones se han intensificado debido a la crisis humanitaria en Haití, con la violencia de las pandillas y la inseguridad alimentaria. A pesar de la insistencia de los expertos en que las deportaciones no son eficaces, las autoridades dominicanas continúan con los operativos para repatriar a los indocumentados. La comunidad internacional ha expresado preocupación por la situación y ha condenado las deportaciones masivas.
El gobierno dominicano defiende las deportaciones argumentando que la lentitud de la comunidad internacional para ayudar a Haití les ha obligado a actuar. A pesar de las críticas, las autoridades sostienen que las deportaciones se están llevando a cabo respetando los derechos humanos. A pesar de ello, la situación sigue siendo tensa en la frontera entre República Dominicana y Haití, con un gran número de haitianos que enfrentan la incertidumbre de ser expulsados de un país en el que han vivido durante años.
