La jueza Fátima Veloz de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional está emitiendo su decisión sobre la solicitud de medida de coerción contra Hugo Beras, exdirector del INTRANT, José Ángel Gómez Canaán (Jochi) y otros implicados en el caso Camaleón. Según el titular de la PEPCA, Wilson Camacho, el Ministerio Público presentó pruebas que demuestran que la estructura criminal seguía a miembros del sistema de justicia y revelan su modus operandi.
Wilson Camacho detalló que estas pruebas son suficientes para que la jueza acoja la solicitud del Ministerio Público, que incluye la prisión preventiva y la declaración del caso como complejo. Los acusados son exfuncionarios y empresarios vinculados al INTRANT, incluyendo a Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán, y otros. Camacho advirtió que a medida que avance la investigación, se agregarán más personas e imputaciones al proceso.
En la Operación Camaleón se realizaron allanamientos en residencias y empresas en varios lugares, participando alrededor de 170 efectivos de la Policía Nacional y más de 30 fiscales especializados. Se incautaron muchas evidencias que confirmaron las imputaciones del Ministerio Público. El órgano persecutor considera esta operación como una de las más exitosas contra el crimen organizado.
El Ministerio Público presentó pruebas como contratos fraudulentos y ilegales, relacionados con la modernización del sistema de semaforización y acciones de sabotaje a la red semafórica. Los imputados en la Operación Camaleón son investigados por conductas como corrupción, coalición de funcionarios, desfalco, asociación de malhechores, estafa en perjuicio del Estado y otros delitos en perjuicio del Estado dominicano.
Los acusados se enfrentan a múltiples cargos según la legislación dominicana, relacionados con corrupción, delitos de alta tecnología, contrabando, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La situación del caso está en desarrollo y se espera que más información salga a la luz a medida que avance la investigación. La jueza Fátima Veloz deberá tomar una decisión en base a las pruebas presentadas por el Ministerio Público y las argumentaciones de los abogados de la defensa.
