El Ministerio Público de Santo Domingo Este y Norte logró obtener una condena de siete años de prisión contra un hombre, Víctor Manuel Hernández Samora, por falsificación de documentos con el intento de despojar a una familia de su parcela en el año 2019 en Boca Chica. La sentencia fue impuesta por el Primer Tribunal Colegiado de la jurisdicción por estafa y falsificación de documentos en perjuicio de las víctimas y el Estado dominicano.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas que demostraron que el acusado infringió varios artículos del Código Penal Dominicano relacionados con la falsificación y uso de sellos del Estado, documentos públicos y privados, así como la estafa. Las víctimas se percataron de la entrada no autorizada de Hernández al terreno en mayo de 2019 y posteriormente presentaron una denuncia formal.
Luego de una investigación dirigida por el procurador fiscal titular Milcíades Guzmán Leonardo, se obtuvieron certificaciones del Registrador de Títulos confirmando la propiedad de la parcela a nombre de las víctimas. El Departamento Inmobiliario rechazó la transferencia del terreno y remitió el caso al Departamento Investigativo de Falsificaciones del Ministerio Público. Análisis forenses confirmaron que las firmas en el acto de venta no pertenecían a las víctimas, lo que evidencia la falsificación de documentos.
En un allanamiento realizado en la residencia del acusado, se encontraron varios sellos, incluyendo uno del Ministerio Público, así como sellos de Notarios Públicos de distintas localidades. La condena impuesta deberá ser cumplida por Hernández en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Además de la sentencia de prisión, el acusado deberá pagar una indemnización de 12 millones de pesos a las víctimas.
Esta condena es un logro para el Ministerio Público en la lucha contra la falsificación de documentos y la estafa en la República Dominicana. La labor de los fiscales durante el juicio fue fundamental para demostrar la culpabilidad del acusado y obtener una sentencia ejemplar. La colaboración con diferentes entidades gubernamentales y la realización de análisis forenses fueron clave para desenmascarar la falsificación de documentos perpetrada por Hernández.
En conclusión, esta condena es un paso importante en la lucha contra la corrupción y el fraude en el país. Con un sistema judicial transparente y eficiente, se puede garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos y la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias. El Ministerio Público continuará trabajando para erradicar la falsificación de documentos y otras prácticas delictivas que afectan a la sociedad dominicana.
