La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha señalado al Gobierno de Nicolás Maduro por presuntamente cometer "crímenes de lesa humanidad" antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. En un informe de 158 páginas que abarca el periodo entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, se acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de cometer asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura, y violencia sexual y de género. Las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas en detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, y tratos crueles y degradantes, con responsables como los servicios de inteligencia civil y militar, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional.
Dentro del informe también se señalan otras instituciones como el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema de justicia por incumplir medidas básicas de transparencia, aprobar leyes contrarias a los derechos humanos, y operar con falta de independencia. Aunque informes anteriores ya habían acusado al Estado venezolano de violaciones de derechos humanos, este nuevo documento destaca que las víctimas de la represión se ampliaron significativamente durante el periodo electoral, incluyendo no solo a líderes de la oposición y sociales, sino también a ciudadanos comunes que mostraban su desacuerdo con el Gobierno o los resultados electorales.
La misión destaca en el informe que en los meses previos a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, y durante la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar con actividades de la oposición. Estas campañas sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil. Tras los resultados electorales, la represión aumentó con una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedentes, con un número de detenciones que se contaron por miles, comparables solo con las protestas de años anteriores.
La misión presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, junto con los expertos chilenos Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá, destaca en el informe que las autoridades venezolanas pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas tras los resultados electorales, con un número de detenciones que se cuentan por miles, comparable solo con las protestas de años anteriores. Estos abusos fueron sufridos tanto por líderes de la oposición y sociales, como por ciudadanos comunes que mostraban su desacuerdo con el Gobierno o los resultados de las elecciones anunciados por las autoridades.
En resumen, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha acusado al Gobierno de Nicolás Maduro por presuntamente cometer "crímenes de lesa humanidad" antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Se ha documentado un patrón de violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, actos de tortura, desapariciones forzadas y violencia sexual y de género por parte de las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales. Además, se señalan diversas instituciones estatales por incumplir medidas básicas de transparencia, aprobar leyes contrarias a los derechos humanos, y operar con falta de independencia. Los expertos destacan que la represión se intensificó tras los resultados electorales con una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedentes, que afectaron tanto a líderes de la oposición como a ciudadanos comunes que expresaban su desacuerdo con el Gobierno.
