El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, junto a Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, entre otras personas, son imputados de varios delitos según el Ministerio Público. Estos incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.
La jueza Keila Pérez Santana, del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, levantó el arresto domiciliario que pesaba sobre Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la Procuraduría General de la República, en el caso Medusa. Según su abogada, Rodríguez Imbert deberá presentarse periódicamente ante el ente investigador, pagar una garantía económica de cinco millones de pesos y se le prohíbe salir del país.
Los imputados en el caso Medusa también incluyen a Jean Alain Rodríguez, Alejandro Forteza Ibarra, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jenny Marte Peña, Altagracia Guillén Calzado, Rafael Antonio Mercedes Marte y Miguel José Moya. Todos enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sobornos, delitos de alta tecnología y lavado de activos. La acusación en este caso alcanza a 41 personas físicas y 22 empresas.
Se destaca que Rodríguez Sánchez es acusado de dirigir un entramado de corrupción administrativa mientras estuvo al frente del Ministerio Público de 2016 a 2020. Los imputados enfrentan cargos adicionales por prevaricación y crímenes relacionados con la coalición de funcionarios. La Operación Medusa ha sido un proceso en el cual se han presentado cargos por una serie de delitos cometidos por los implicados.
Es importante señalar que la jueza tomó en cuenta el tiempo que Jonathan Joel Rodríguez Imbert pasó en prisión preventiva y domiciliaria al decidir modificar su medida de arresto. La defensa de los imputados en este caso ha advertido sobre posibles dilaciones en el proceso que podrían lesionar los derechos de los acusados. Además, se han reportado enfrentamientos entre presuntos delincuentes y la policía en algunos sectores, como Los Alcarrizos.