Donald Trump ha prometido que, de resultar reelegido presidente, deportará masivamente a aquellos que no tienen permiso para permanecer en Estados Unidos. Aunque su campaña ha dado distintas respuestas sobre cuántas personas podrían ser expulsadas, su compañero de fórmula, JD Vance, mencionó la cifra de un millón durante una entrevista con ABC. Sin embargo, los expertos advierten sobre los desafíos legales y prácticos que implica expulsar a tantas personas, considerando también el costo humano de las deportaciones.
Actualmente, hay alrededor de 11 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos, la mayoría de los cuales llevan en el país al menos una década. Estos migrantes tienen derecho al debido proceso, lo que incluye una audiencia judicial antes de ser expulsados. Un aumento significativo en las deportaciones requeriría fortalecer el sistema de tribunales de inmigración, que actualmente se enfrenta a problemas de saturación y retrasos para resolver casos. Además, la cooperación entre el ICE y las autoridades locales sería fundamental para llevar a cabo un programa de deportación masiva.
La campaña de Trump se ha comprometido a tomar medidas en contra de las llamadas "ciudades santuario", pero las leyes locales, estatales y federales en Estados Unidos complican la situación. Además, cualquier programa de deportación masiva enfrentaría numerosas implicaciones legales y posibles demandas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. A pesar de esto, un fallo de la Corte Suprema de 2022 estableció que los tribunales no pueden emitir mandatos sobre las políticas de aplicación de la ley de inmigración.
Desde el punto de vista logístico, llevar a cabo un plan de deportación masiva implicaría enormes desafíos. Expertos dudan de que los recursos actuales sean suficientes para buscar y encontrar siquiera una fracción de la cantidad de personas señalada por la campaña de Trump. El proceso de deportación es largo y complicado, con numerosos pasos que deben seguirse, como la detención, comparecencia ante un juez de inmigración y cooperación diplomática con el país receptor. El incremento de operaciones también aumentaría significativamente los costos.
El costo político y financiero de un plan de deportación masiva como el propuesto por Trump se estima en unos 100.000 millones de dólares. La operatividad de los departamentos correspondientes se incrementaría considerablemente, lo que resultaría en un aumento significativo de los costos. Es necesario considerar la construcción de campamentos para detenidos, organización de vuelos de deportación y el apoyo de la Fuerza Aérea, entre otros aspectos. Cualquier aumento en la operatividad también implicaría un aumento en los costos.
Históricamente, la deportación masiva de personas ha sido un tema controvertido. Durante la presidencia de Trump se deportaron alrededor de 1,5 millones de personas, tanto desde la frontera como del interior del país. La administración Biden también ha llevado a cabo deportaciones, y se espera que iguale la cifra alcanzada por Trump. Si bien ha habido programas comparables en el pasado, como la "Operación Espaldas Mojadas" en 1954, la situación actual involucra desafíos únicos debido a la diversidad de origen de los migrantes y al debido proceso al que tienen derecho.
