El Gobierno busca recaudar más de 122 mil millones de pesos con la reforma fiscal, lo que representa un 1.5% del PIB. Se estimaba que los Impuestos sobre la Renta de personas jurídicas serían de más de RD$22 mil millones, mientras que los de personas físicas serían de más de RD$5 mil millones. También se contemplaba recaudar más de RD$6 mil millones en impuestos a la propiedad, aprovechando gravámenes selectivos al consumo y al valor agregado. Sin embargo, el presidente Luis Abinader anunció que el proyecto de transformación fiscal será retirado del Congreso Nacional.
En un discurso a la nación, el presidente Abinader destacó la necesidad de transformar el sistema tributario y mencionó que, como jefe de Estado, escucha las inquietudes del pueblo, lo que lo llevó a cancelar el proyecto de reforma fiscal. Aunque expresó su compromiso de realizar ajustes para cumplir con las intenciones de desarrollo del país, no brindó detalles sobre cómo se llevarán a cabo dichos ajustes. La decisión de Abinader generó reacciones positivas de los sectores productivos y de algunos partidos políticos en el país.
El Proyecto de Ley de Modernización Fiscal tenía como objetivo elevar el nivel de desarrollo del país, mejorando los servicios de educación, salud, seguridad, transporte, salarios y ayudas sociales, según el Gobierno. Sin embargo, con su retirada del Congreso Nacional, se pone en duda la implementación de estas mejoras y el cumplimiento de las metas de recaudación planteadas. La cancelación de la reforma fiscal también destaca la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas.
La decisión de Abinader de retirar el proyecto de reforma fiscal fue recibida positivamente por los principales sectores productivos del país, quienes manifestaron su apoyo a la decisión del presidente. Esta acción demuestra la voluntad del Gobierno de escuchar las demandas y preocupaciones de la sociedad, priorizando el bienestar y desarrollo del país. El anuncio de la cancelación de la reforma fiscal abre un nuevo capítulo en la política económica y fiscal del país, en el que se deberán explorar otras alternativas para lograr los objetivos de recaudación y desarrollo planteados inicialmente.
A pesar de la cancelación de la reforma fiscal, el Gobierno tendrá que buscar alternativas y ajustes para cumplir con sus objetivos de desarrollo económico y social. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la recaudación fiscal y la inversión en servicios públicos y programas sociales para garantizar un crecimiento sostenible y equitativo. La participación activa de la sociedad en la toma de decisiones sobre la política fiscal y económica será clave para asegurar que las medidas adoptadas beneficien a toda la población y promuevan un desarrollo inclusivo y sostenible en el país.
