El caso Odebrecht es uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia, que involucró a políticos, funcionarios públicos y empresarios de más de 12 países, principalmente en América Latina. Este esquema de sobornos utilizado por la constructora brasileña Odebrecht para asegurarse contratos millonarios de infraestructura en diferentes partes del mundo comenzó a desentrañarse en 2016.
En Brasil, el epicentro de la trama, se reveló que Odebrecht pagó aproximadamente US$349 millones en sobornos a partidos políticos, funcionarios extranjeros y sus representantes, principalmente relacionados con contratos con la petrolera estatal Petrobras. Importantes figuras como Luiz Inácio Lula da Silva y Michel Temer fueron señalados en investigaciones relacionadas con este caso.
En Perú, tres expresidentes se vieron implicados en el caso Odebrecht. Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y seis meses de cárcel por los sobornos recibidos de la empresa brasileña. Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, también fueron encarcelados por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht para una campaña electoral. Pedro Pablo Kuczynski cumple arresto domiciliario por presunto lavado de activos.
En República Dominicana, a pesar de que Odebrecht admitió haber pagado sobornos en el país, la Suprema Corte de Justicia absolvió a Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, dejando el caso sin sanciones. La sentencia ordena la devolución de los bienes incautados a los imputados y levanta restricciones de movilidad y fondos.
En Colombia, la red de corrupción de Odebrecht afectó a proyectos de infraestructura como la Ruta del Sol. El exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, fue condenado por aceptar sobornos. En México, altos funcionarios de Pemex, como Emilio Lozoya, fueron implicados en el escándalo de Odebrecht. En Venezuela, funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y Hugo Chávez fueron vinculados al esquema de sobornos de la empresa.
El caso Odebrecht también alcanzó a otros países como Argentina, Panamá, Ecuador, Guatemala, Angola y Mozambique. Este escándalo de corrupción transnacional evidenció la profunda interconexión entre empresas privadas y gobiernos, destacando la necesidad de reformas en los sistemas judiciales y de transparencia en la región. Las investigaciones continúan, y las secuelas de este caso continúan resonando en la confianza en las instituciones públicas de numerosos países.
