La Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, específicamente en los artículos 3 y 7. Estas modificaciones fueron propuestas por el Poder Ejecutivo con el objetivo de brindar mayor seguridad y protección a las niñas, niños y adolescentes que son víctimas especialmente vulnerables de la trata de personas. La iniciativa busca fortalecer la normativa para combatir eficazmente esta forma de delito que afecta de manera desproporcionada a este grupo de la población, quienes son sometidos a situaciones de explotación sexual, esclavitud, trabajos forzosos y otras vulneraciones graves de los derechos humanos.
La modificación del artículo 3 de la ley establece que se considerará delito de trata de personas cualquier acción que implique captación, transporte, traslado, acogida o receptación de personas mediante el uso de la fuerza, coacción, fraude, amenaza, engaño, abuso de poder, entre otros métodos. Se establece una pena de 10 a 20 años de prisión y multa de ciento cincuenta a trescientos salarios mínimos del sector público para quienes cometan este delito. Además, se establecen penas adicionales en el caso de muerte o daño físico o psíquico de las víctimas, con condenas de cinco años de prisión y multas de 175 a 300 salarios mínimos del sector público.
La legislación también contempla penas más severas en casos donde las víctimas sean personas con inmadurez psicológica, trastornos mentales, discapacidades o sean menores de edad, aumentando las penas de reclusión a 20 a 30 años y multas de 200 a 400 salarios mínimos del sector público. Estas medidas buscan garantizar una mayor protección a los grupos más vulnerables y castigar de manera efectiva a quienes perpetúan estos crímenes.
Con la aprobación de estas modificaciones, la ley pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación. La iniciativa ha sido respaldada por la Cámara de Diputados y el Senado, luego de discutirse y aprobarse con algunas modificaciones. El Poder Ejecutivo ha argumentado que estas reformas son necesarias para cumplir con el deber del Estado de prevenir y combatir la trata de personas, en concordancia con los principios de protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los convenios internacionales ratificados por la República Dominicana.
La lucha contra la trata de personas es un desafío global que requiere de esfuerzos coordinados y leyes efectivas para prevenir y sancionar este tipo de delitos. Con la aprobación de estas modificaciones a la legislación dominicana, se busca fortalecer el marco legal para proteger a las víctimas y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. Es fundamental continuar trabajando en la concientización y sensibilización sobre este problema, así como en la colaboración entre países para combatir la trata de personas en todas sus formas y manifestaciones.
