La Ley 20-23 establece que el Estado debe asignar a los partidos políticos un monto equivalente al 0.5 % de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un 0.25 % en los años sin elecciones generales. Los ingresos nacionales se refieren a los recursos registrados en el Fondo General del Tesoro Nacional. En el ejercicio fiscal 2024, se estiman fondos por un monto de RD$1,057,146.2 millones, base para calcular varias asignaciones, incluida la de los partidos políticos.
Para el año 2024, el gobierno debía asignar a los partidos políticos RD$5,285.7 millones, equivalente al 0.5 % de los ingresos estimados. Sin embargo, en la ley de Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, solo se consignaron RD$2,520.8 millones, incumpliendo la Ley Electoral en RD$2,764.9 millones. El gobierno justifica este incumplimiento en el Artículo 51 de la Ley 80-23 del PGE, que permite ajustes a los recursos asignados por leyes especiales a diferentes entidades del Estado.
La comunicación de la Junta Central Electoral (JCE) del 4 de abril al Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto parece referirse a los fondos no asignados a los partidos políticos en la ley de PGE 2024, que según la JCE ascenderían a RD$2,578.6 millones. Todo apunta a que se tomarán recursos de las apropiaciones para los gastos operativos de la JCE para completar el monto destinado a los partidos políticos. Se espera que esta situación se resuelva mediante una modificación presupuestaria después de las elecciones.
Anteriormente, la legislación presupuestaria permitía realizar modificaciones y traspasos de fondos en cualquier mes del año. Sin embargo, en la actualidad, solo se pueden realizar formalmente a partir del 1 de julio de cada año y mediante una ley aprobada por el Congreso. En el caso de los fondos para los partidos políticos, que implican un aumento del total de gastos aprobados por el Congreso, se deberá esperar hasta julio para realizar una modificación presupuestaria.
La comunicación de la JCE del 4 de abril parece cumplir con un formalismo para viabilizar un acuerdo entre Hacienda y la Dirección General de Presupuesto para asignar los fondos a los partidos políticos y corregir el error político del gobierno al no asignar los recursos según lo dispuesto por la Ley Electoral. Se espera que este acuerdo se formalice mediante una ley de modificación presupuestaria o un presupuesto complementario a partir de julio, después de las elecciones.
