Un tribunal en Ecuador declaró ayer la detención del exvicepresidente Jorge Glas en la embajada de México como "ilegal" y "arbitraria", pero decidió mantenerlo en prisión debido a que aún tiene una pena de ocho años por cumplir por dos condenas previas. La Sala Especializada en Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Nacional de Justicia consideró que se violaron los derechos de Glas al no seguir el procedimiento establecido para el allanamiento de una misión diplomática.
A pesar de esto, el tribunal negó la petición de habeas corpus presentada por Glas, quien buscaba que se anulara su detención y se le otorgara asilo en México u otro país que estuviera dispuesto a recibirlo. El Gobierno mexicano había concedido asilo a Glas antes de su detención, considerándolo un perseguido político. Sin embargo, debido a las condenas pendientes de Glas, el tribunal determinó que no podía ser liberado de inmediato.
El exvicepresidente fue condenado en 2017 a seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht. A pesar de haber salido de la cárcel en 2022 sin cumplir completamente sus condenas anteriores, una resolución judicial le permitió dejar la prisión gracias a medidas cautelares. La abogada de Glas expresó su temor de que su cliente pueda ser asesinado en prisión, lo que ha generado preocupación por su seguridad y bienestar.
La situación legal y diplomática en torno a la detención de Jorge Glas ha generado controversia en Ecuador y en el ámbito internacional. La decisión del tribunal de mantenerlo en prisión a pesar de considerar su detención como ilegal ha generado debate sobre el respeto de los derechos humanos y la legalidad en el país. La determinación de no liberarlo de inmediato debido a las condenas pendientes ha sido cuestionada por quienes consideran que Glas está siendo injustamente retenido.
El caso de Jorge Glas ha destacado la complejidad de la situación política y judicial en Ecuador, así como la necesidad de garantizar el respeto por los derechos de los detenidos y el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales. La polémica generada por este caso ha puesto en entredicho la imparcialidad y transparencia del sistema judicial ecuatoriano, así como la eficacia de los mecanismos de protección para quienes son considerados perseguidos políticos.
En medio de la incertidumbre sobre el destino de Jorge Glas y la situación de las misiones diplomáticas en Ecuador, queda pendiente la resolución de esta controversia legal y diplomática. La decisión de mantener a Glas en prisión a pesar de la ilegalidad de su detención plantea interrogantes sobre la independencia judicial y el respeto por los derechos fundamentales en el país. Es crucial que se garantice un proceso justo y transparente para resolver este caso y proteger los derechos de todos los involucrados.
