El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, destacó la importancia de la nueva Constitución de la República Dominicana, vigente desde el pasado 27 de octubre. Esta introduce cambios significativos con el objetivo de modernizar el sistema político del país. Algunas de las reformas destacadas incluyen la unificación de elecciones, la reducción de diputados y la limitación de la reelección presidencial.
Entre los aspectos más comentados se encuentra la inclusión de un párrafo en el artículo 274 que aborda la sucesión en cargos municipales. Este cambio establece que en caso de vacío en la línea sucesoral a nivel municipal, la ley definirá el procedimiento para cubrir las vacantes. Esta modificación responde a situaciones como la ocurrida en la alcaldía de La Vega, donde la designación del alcalde electo como ministro de Deportes y la renuncia de la vicealcaldesa dejaron vacante el cargo sin un mecanismo claro para su resolución.
Castaños Guzmán explicó que, a pesar de la reforma planteada para abordar posibles vacíos en la sucesión de autoridades municipales, no se asigna al Presidente de la República la responsabilidad de realizar nombramientos en estos casos. Históricamente, la Constitución de 1966 y sus reformas de 1994 y 2002 permitían al Presidente designar para llenar vacantes en los gobiernos municipales. Sin embargo, esta potestad fue eliminada en 2010, manteniendo la misma postura en las reformas de 2015 y la recién adoptada en 2024.
La Ley No. 176-07 otorga al Presidente la facultad de designar estas figuras, pero esta disposición perdió validez constitucional tras la eliminación de dicha potestad. FINJUS advierte que este vacío normativo aún no cuenta con un procedimiento legal adecuado para resolver las sucesiones en gobiernos locales. La fundación destaca la importancia de que cualquier procedimiento refleje la voluntad popular y no se centre únicamente en el Presidente, resaltando el carácter democrático del proceso de elección municipal en la Constitución.
FINJUS reitera la importancia de contar con un marco legal actualizado que garantice un reemplazo justo y democrático de las autoridades locales en caso de vacantes. La fundación confía en que la reforma constitucional de 2024 sea el primer paso hacia un proceso que respete la voluntad ciudadana y brinde coherencia y claridad en la sucesión de cargos municipales. Es fundamental establecer un procedimiento adecuado para subsanar el vacío existente en la designación de autoridades municipales, de manera que se respete la voluntad popular y se fortalezca el sistema democrático en el país.
