Un jurado en Nueva Hampshire encontró culpable a Bradley Asbury, un hombre de 70 años que fue encargado de un centro de detención juvenil, por ser cómplice de agresión sexual agravada a un adolescente en 1998. Asbury enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo. El juicio duró cuatro días y el jurado deliberó durante tres días antes de llegar a un veredicto.
El caso se centró en el testimonio de Michael Gilpatrick, quien tenía 14 años en el momento del ataque y ahora tiene 41 años. Gilpatrick luchó durante muchos años para superar el trauma y veredicto fue parte de su proceso de sanación. Durante el juicio, recordó haber tenido una experiencia extracorporal durante el ataque y expresó su deseo de responsabilizar a los perpetradores.
Después de que se leyera el veredicto, Gilpatrick lloró y abrazó a su familia, sintiendo que la verdad prevaleció. Mientras tanto, Asbury fue esposado y llevado por la policía, agradeciendo a su familia y seguidores. El asistente fiscal del estado expresó su deseo de que el veredicto brinde alivio a la víctima, señalando la importancia de creer a las víctimas de abuso sexual.
Durante el juicio, hubo varios momentos acalorados, con Gilpatrick refiriéndose al abogado defensor como un "hombre enfermo". El abogado de Asbury argumentó que Gilpatrick había fabricado la historia para obtener compensación financiera. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que Gilpatrick había sido consistente en su testimonio clave y que no pudo hablar antes debido a la presencia de Asbury.
El caso es parte de una investigación más amplia sobre abusos en el centro de detención juvenil, que ha resultado en varios arrestos y demandas civiles. Más de 1.100 exresidentes del centro han presentado demandas por abusos sufridos durante décadas. En un caso civil que llegó a juicio, se otorgaron 38 millones de dólares a un demandante por abusos en la década de 1990, aunque las autoridades buscan reducir este monto.
La investigación sigue en curso y otro caso relacionado con abusos en el centro de detención aún no ha sido programado para juicio. Las autoridades estatales continúan trabajando para hacer justicia a las víctimas y llevar a los responsables ante la ley. Este caso destaca la importancia de escuchar y creer a las víctimas de abuso sexual, así como de buscar justicia y reparación para aquellos que han sufrido traumas similares.
