El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogió la solicitud de variación de medida de coerción presentada por la defensa del general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), Julio Camilo de los Santos Viola, del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y del coronel Rafael Núñez D’ Aza, imputados en el caso de la Operación Coral y Coral 5G. A pesar de que la defensa no presentó nuevos presupuestos ni pruebas novedosas, el tribunal decidió variar la medida de coerción vigente. El abogado del Estado señaló que lo más prudente era mantener la medida de coerción vigente para no contaminar el juicio de fondo que iniciaría pronto.
En cuanto a los imputados en el caso de la Operación Coral, al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán se le impuso una garantía económica de RD$100 mil y se le mantuvo el impedimento de salida sin previa autorización judicial. En el caso del coronel Rafael Núñez D' Aza, se dispuso el cese del arresto domiciliario, se mantuvo la garantía económica de RD$100 millones, el impedimento de salida sin autorización judicial previa y se amplió el uso de localizador electrónico a todo el territorio nacional. Por su parte, al general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), Julio Camilo de los Santos Viola, se le varió el arresto domiciliario por una garantía económica de un millón de pesos.
Los imputados cumplen medidas de coerción después de ser acusados por el Ministerio Público de participar en un entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos entre los años 2012 y 2020, sustrayendo fondos de inteligencia del Cusep y Cestur. Entre los acusados se encuentran el mayor del Ejército Nacional Raúl Alejandro Girón Jiménez, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, entre otros.
Se espera que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional abra el juicio de fondo a los imputados en el caso Coral este jueves 18 de abril, dando inicio a la lectura formal de la acusación, que se extenderá hasta los días 23, 25 y 30 de este mes. Los acusados enfrentan cargos graves relacionados con la corrupción y el desvío de fondos del Estado, un caso que ha generado gran interés en la opinión pública del país. La variación de medidas de coerción para algunos de los imputados podría tener un impacto significativo en el desarrollo del juicio de fondo.