En los últimos días, ha habido un aumento en las sentencias condenatorias en contra de clínicas y hospitales del país por presuntas malas prácticas médicas. En el caso más reciente, la Clínica Corazones Unidos fue condenada al pago de 6 millones 875 mil pesos en compensaciones y costos acumulados por negligencia médica en dos pacientes: Angelina María Hernández y Milagros del Socorro Alba F. Hernández recibió una indemnización de un millón 590 mil pesos por un deterioro en su visión debido a la implantación incorrecta de lentes intraoculares, mientras que Del Socorro Alba F. fue compensada con un millón 750 mil pesos por una gasa dejada en su pecho durante una operación.
Como consecuencia de estas sentencias, las cuentas de la Clínica Corazones Unidos fueron embargadas en diferentes bancos comerciales. Además, se reveló que la clínica no cuenta con un seguro de responsabilidad civil médica, por lo que se procederá a continuar con las acciones judiciales necesarias para asegurar la compensación de las pacientes. En el caso del Hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Lora, este fue condenado al pago de 10 millones de pesos a favor de Félix Julián Encarnación Feliz, quien perdió su pierna derecha debido a una bacteria adquirida después de ser operado en el centro de salud.
La sentencia obliga al Hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Lora a pagar un interés judicial del 1.5% mensual sobre las sumas indicadas previamente, como compensación por los daños correspondientes a la amputación y prótesis de la pierna derecha de Encarnación Feliz. Por su parte, el Centro de Cirugías Plásticas y Especialidades (CECIP) fue condenado a pagar 2 millones de pesos a la paciente Sulandy Altagracia Crucet. La jueza Clara Almonte, de la Segunda Sala del Tribunal Penal del Distrito Nacional, también impuso un mes de prisión al cirujano plástico Asmín Aquino por mala práctica médica.
En los últimos años, se ha observado una tendencia en la cual los grandes centros de salud se han visto obligados a asegurar a sus médicos con un seguro que cubra los efectos de posibles demandas, debido al incremento de casos que llegan a los tribunales por presuntas irregularidades médicas. Esta situación ha generado un mayor control y seguimiento de las prácticas médicas en el país, con el objetivo de salvaguardar la integridad y seguridad de los pacientes y garantizar una atención de calidad en el sistema de salud.
