La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso prisión domiciliaria a Daneris Pérez Espinal, acusada de pagarle a dos hombres para que asesinaran a su esposo Julio Cesar Rodríguez Paula en 2020. Además, le fue impuesta presentación periódica y el uso de un dispositivo electrónico a Pérez Espinal, por presuntamente mandar a matar a Julio Cesar Rodríguez Paula, en un hecho ocurrido en el municipio de Tamboril, de Santiago. La jueza Yiberty Polanco, quien estuvo a cargo de la coerción, tomó la decisión de enviar la imputada a su casa a cumplir la medida, por problemas de salud, por lo que ya Daneris Pérez no podrá ser víctima ni testigo en el caso que se conocía por la muerte de su esposo. Carlos Villanueva, abogado de la familia de las víctimas, explicó que Daneris Pérez Espinal ahora será una imputada más en el proceso. Tanto a Joan Giancarlo Acosta y Fabricio Antonio Báez Pérez, estos dos últimos están cumpliendo un año de prisión preventiva por el mismo hecho. Mientras que las hermanas del fallecido mostraron su descontento por la decisión del tribunal, entendiendo que debió ir a prisión, ya que fue la que coordinó la muerte de su pariente. Ana Dolores Rodríguez, hermana del fallecido, dijo que existían pruebas suficientes para imponer prisión a la asesina de su hermano. "Habían pruebas suficientes para que ella estuviera presa, no mandarla a la casa, ya que hubo manipulaciones de los hijos, indicando de que ella estaba enferma y que está siendo medicada, ¿entonces su madre está enferma y nuestro hermano dónde?", dijo Dolores Rodríguez.
En el caso de Daneris Pérez Espinal, la jueza determinó que, a pesar de las acusaciones en su contra por pagar para que asesinaran a su esposo, debía cumplir la medida de prisión domiciliaria debido a problemas de salud. Esto generó controversia entre la familia de la víctima y la opinión pública, ya que consideraban que las pruebas presentadas eran suficientes para enviar a la acusada a prisión. Además, la decisión de la jueza implicó que Daneris Pérez no pueda ser parte activa en el caso que se seguía por la muerte de su esposo, lo que generó aún más disconformidad entre los familiares de la víctima.
Por otro lado, los dos hombres acusados de llevar a cabo el asesinato, Joan Giancarlo Acosta y Fabricio Antonio Báez Pérez, se encuentran cumpliendo un año de prisión preventiva por el mismo hecho. Esta situación llevó a que las hermanas del fallecido expresaran su descontento con la decisión del tribunal, afirmando que Daneris Pérez debería estar en prisión debido a su supuesta participación en la organización del crimen. Ana Dolores Rodríguez, hermana del fallecido, señaló que existían pruebas contundentes que justificaban la prisión preventiva para la acusada y cuestionó la decisión de enviarla a cumplir la medida en su domicilio.
La imposición de prisión domiciliaria a Daneris Pérez Espinal, acusada de mandar a asesinar a su esposo, generó un debate en torno a la efectividad de este tipo de medida para garantizar la justicia en casos de homicidio planificado. Mientras que algunos consideraron que la decisión de la jueza fue adecuada en función de los problemas de salud de la acusada, otros argumentaron que las pruebas presentadas eran suficientes para justificar su ingreso a prisión. La controversia en torno a este caso refleja la sensibilidad de la sociedad ante crímenes de esta naturaleza y la importancia de asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia de manera adecuada.
Por último, la postura de la familia de la víctima y su descontento con la decisión del tribunal evidencian la necesidad de garantizar que todos los implicados en un crimen sean juzgados de manera justa y equitativa. En este sentido, es fundamental que los procesos judiciales se lleven a cabo de manera transparente y basados en pruebas sólidas, para evitar que situaciones como la imposición de prisión domiciliaria a Daneris Pérez generen desconfianza en la justicia. El caso de Daneris Pérez Espinal y su presunta participación en el asesinato de su esposo continúa generando debate en la opinión pública y destaca la importancia de abordar de manera efectiva los crímenes de género y garantizar la protección de las víctimas y sus familias.
