La Asociación de Importadores de Vehículos Usados (ASOCIVU) ha presentado dos acciones judiciales contra el Decreto número 420-23, que establece el Reglamento para el Registro Nacional de Vehículos de Motor y las licencias para los dealers y concesionarios. ASOCIVU busca la suspensión provisional y la nulidad total del decreto a través de una Solicitud de Adopción de Medida Cautelar y un Recurso Contencioso Administrativo dirigido contra la Administración Pública y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). El conflicto se origina en la falta de respuesta por parte de la DGII y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo a las observaciones realizadas por ASOCIVU, ANADIVE y ADECI contra el borrador del reglamento, lo que ha llevado a la aprobación del decreto sin tener en cuenta dichas observaciones.
Según ASOCIVU, la DGII y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo recibieron una matriz con decenas de observaciones técnicas y jurídicas contra el borrador del reglamento por parte de las asociaciones de importadores de vehículos usados. A pesar de que se les prometió estudiar las observaciones y convocar nuevamente antes de la aprobación del decreto, la DGII sorprendió al sector de vehículos usados con la publicación del Decreto 420-23, que incluía gran parte de las prohibiciones y restricciones criticadas por las asociaciones de importadores. Tras múltiples reuniones con autoridades, en las que se prometió modificar el contenido del Decreto, ASOCIVU decidió recurrir a acciones judiciales en busca de obtener certidumbre, equidad y justicia para el sector ante lo que consideran una vulneración de sus derechos.
ASOCIVU busca que el Poder Judicial garantice los principios de seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad ante la ley en un Estado Social y Democrático de Derecho como es la República Dominicana. A través de las acciones judiciales presentadas, buscan lograr la suspensión provisional y la nulidad total del Decreto 420-23, que consideran perjudicial para los importadores de vehículos usados. Tras agotar todos los mecanismos de diálogo institucionales a todos los niveles de la jerarquía del Estado durante meses, ASOCIVU espera que el Poder Judicial pueda garantizar el respeto a los derechos del sector de importación de vehículos usados.
La situación ha generado tensión y preocupación en el sector de vehículos usados en la República Dominicana, ya que el Decreto 420-23 ha sido visto como una medida que limita la importación de ciertos tipos de vehículos y otorga excesiva discrecionalidad a la DGII para imponer nuevas regulaciones en cualquier momento. Las asociaciones de importadores sostienen que se deben respetar los procedimientos establecidos por la ley y que cualquier normativa debe ser el resultado de un proceso transparente y participativo. Con las acciones judiciales presentadas, ASOCIVU espera que se pueda restablecer la confianza en el sistema legal y se respeten los derechos de los importadores de vehículos usados en el país.
La importación y venta de vehículos usados es un sector importante en la economía de la República Dominicana, que emplea a miles de personas y contribuye significativamente al mercado automotriz nacional. Por lo tanto, es fundamental garantizar un marco regulatorio claro y equitativo que promueva la competencia y el desarrollo del sector. ASOCIVU espera que con las acciones judiciales presentadas se pueda corregir el decreto controvertido y se pueda restablecer un marco legal que respete los derechos y garantías de todos los involucrados en la importación y venta de vehículos usados en el país. La decisión final estará en manos del Poder Judicial, que deberá evaluar los argumentos presentados por ambas partes y asegurar que se respeten los principios fundamentales de justicia y equidad en este conflicto.
