Los errores y fraudes en el registro civil de la Junta Central Electoral (JCE) pueden causar costosos problemas a los afectados, no solo en términos de dinero, sino también en la privación de sus derechos. Luis Emilio Méndez Paulino se vio perjudicado por una situación ilegal cuando solicitó una visa estadounidense y descubrió que otra persona tenía el mismo número de cédula y nombre. La JCE decidió suprimir ambos documentos hasta determinar quién era el verdadero, dejando a Méndez Paulino en una situación de limbo en la que no puede realizar diferentes servicios, a pesar de mantener su trabajo.
El periplo de Méndez Paulino comenzó cuando un oficial del consulado de Estados Unidos le mostró en la computadora el documento con el rostro de otro hombre, que resultó ser haitiano. A pesar de que la JCE designó un inspector para investigar, el suplantador nunca acudió al llamado y el caso sigue sin resolverse. Aunque en una ocasión la supresión fue levantada temporalmente, fue vuelta a colocar posteriormente y no se han determinado responsabilidades por este ilícito que atenta contra la seguridad de las instituciones.
En el caso de Adris Vernice Ferreras Cuevas, su nombre sufrió una variación no pedida cuando su primer apellido fue cambiado por el segundo de su padre. Esto ocurrió debido a un daño en el libro en el que se hizo la corrección, dejando solo el apellido anterior. Después de varios meses, múltiples viajes y una sentencia del Tribunal Superior Electoral, logró subsanar este error en el que no tuvo responsabilidad, pero que le generó dificultades innecesarias.
Julio César Valdez también enfrentó problemas con su partida de nacimiento debido a un error de una empleada de la Junta. Esto lo llevó a dar vueltas durante cuatro meses, corrigiendo el error en diferentes oficinas y perdiendo tiempo y dinero en el proceso. Finalmente, después de varios meses de trámites, logró resolver la situación, pero nadie asumió la responsabilidad de los problemas causados.
Estos casos evidencian las dificultades y obstáculos a los que se enfrentan los ciudadanos que se ven afectados por errores y fraudes en el registro civil de la JCE. La falta de responsabilidad de las instituciones y la lentitud en la resolución de estos problemas causan daños económicos y emocionales a los afectados, que muchas veces deben recurrir a abogados y realizar múltiples gestiones para solucionar situaciones en las que no tienen responsabilidad. Es necesario que las instituciones competentes agilicen los procesos de corrección y asuman la responsabilidad por los errores cometidos, para evitar que los ciudadanos se vean perjudicados innecesariamente.