El canciller dominicano, Roberto Álvarez, afirmó que la República Dominicana no puede manejar la cantidad de haitianos que ingresan diariamente al país y que no tiene intenciones de detener las deportaciones ni abrir campos de refugiados para ellos. Esta postura va en contra de las peticiones de organizaciones como Amnistía Internacional, la Organización Internacional de Migraciones y la Agencia de la ONU para los refugiados. Además, Álvarez mencionó que Estados Unidos también realiza deportaciones de manera similar.
Según el gobierno haitiano, en el período del 1 de enero al 15 de marzo, aproximadamente 24,000 haitianos fueron deportados. Álvarez señaló que la República Dominicana es atractiva para los haitianos debido a su economía más sólida en comparación con Haití, el país más pobre de la región. Aunque hay haitianos que residen legalmente en República Dominicana sin inconvenientes, el país no puede permitir un flujo migratorio constante e incontrolado.
En relación a la posibilidad de establecer campos de refugiados para los haitianos, Álvarez descartó esta opción y mencionó que la vida media de estos campos en el mundo es de 10 a 15 años. Durante una sesión del Consejo de Seguridad, el canciller dominicano instó a la comunidad internacional a aplicar sanciones más firmes contra Haití, asegurando que hasta el momento solo se han dirigido a "cuatro criminales reconocidos" sin identificar a los verdaderos responsables de la violencia en el país vecino.
Además, Álvarez solicito un mayor control en el embargo de armas, municiones y pertrechos hacia Haití, mencionando que República Dominicana no produce ni importa armas. La postura del gobierno dominicano en cuanto a la inmigración haitiana parece ser firme y sin intenciones de cambiar, a pesar de las presiones de organizaciones internacionales y de la situación de inseguridad que se vive en Haití. Esta falta de flexibilidad en la política migratoria podría generar tensiones en la relación entre ambos países.
La postura del gobierno dominicano en relación a la inmigración haitiana ha generado controversia y preocupación en la comunidad internacional, especialmente considerando la difícil situación que enfrenta Haití. Organizaciones como Amnistía Internacional continúan presionando al gobierno para detener las deportaciones y garantizar la seguridad de los haitianos en República Dominicana. Es crucial lograr un equilibrio entre la protección de las fronteras y los derechos humanos de quienes buscan una mejor calidad de vida en otro país.