Las principales organizaciones políticas de la oposición han presentado una serie de recomendaciones a la Junta Central Electoral (JCE) con el objetivo de garantizar un clima democrático en las próximas elecciones presidenciales y congresuales. Estas recomendaciones son respaldadas por partidos como el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano, entre otros. El listado de recomendaciones incluye puntos como la suspensión del director de la Policía Militar Electoral y del director general de Juntas Electorales, así como la detención de la compra de votos y la reestructuración de juntas electorales parcializadas.
Asimismo, se solicita que se cumplan las sanciones establecidas en la Ley de Régimen Electoral, se limite la participación de funcionarios públicos en campaña, se prohíba el uso de la publicidad gubernamental, se eliminen vallas del candidato presidencial del PRM financiadas con fondos públicos y se evite la inclusión de empleados estatales en la nómina durante el periodo electoral. También se pide que se realice una auditoría al padrón nacional de electores y del exterior, así como que se entreguen los resultados de la auditoría realizada por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) de las elecciones municipales.
En relación al día de las elecciones, se propone aprobar y diseñar un acta de escrutinio manual escaneable, incluir un papelón para registrar los votos de cada boleta de forma pública, garantizar un perímetro despejado en los centros de votación, entregar la lista de funcionarios designados en los colegios electorales y poner a disposición de los ciudadanos la lista de fiscales electorales por demarcaciones. Estas medidas buscan garantizar la transparencia y la confiabilidad en el proceso electoral.
La oposición también exige que se publique una lista con los contactos de todos los fiscales electorales por demarcaciones para facilitar la presentación de denuncias por delitos electorales. Se hace un llamado a la Junta Central Electoral para adoptar todas las medidas necesarias que impidan la repetición de acciones irregulares que afecten la integridad del proceso electoral. Estas recomendaciones son parte de un extenso documento que ha sido entregado al Pleno de la Junta Central Electoral y que busca garantizar unas elecciones justas y transparentes.
