La acusación se basaba en presuntos actos de corrupción durante su gestión como director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). Guzmán fue arrestado junto con otros funcionarios y empresarios vinculados a supuestas irregularidades en contrataciones y compras de autobuses para la entidad estatal. Durante el juicio, se presentaron pruebas que involucraban a Guzmán en esquemas de sobornos y malversación de fondos públicos.
El juez consideró que existían suficientes elementos para mantener a Guzmán en prisión preventiva mientras se continuaba la investigación del caso. La decisión fue criticada por sus abogados, quienes alegaron que se trataba de una medida excesiva y que su cliente estaba siendo utilizado como chivo expiatorio en un caso de corrupción que involucraba a varias personas. Sin embargo, la fiscalía mantuvo su postura de que Guzmán representaba un peligro para la sociedad y que debía permanecer bajo custodia.
Durante su tiempo en la cárcel, Guzmán continuó proclamando su inocencia y denunciando que estaba siendo víctima de persecución política. Sus seguidores y partidarios organizaron protestas y manifestaciones exigiendo su liberación, argumentando que se trataba de una injusticia y que estaba siendo utilizado como chivo expiatorio por motivos políticos. Sin embargo, las autoridades judiciales se mantuvieron firmes en su decisión de mantenerlo en prisión mientras se seguía el proceso legal en su contra.
Después de un año en prisión preventiva, Guzmán finalmente fue llevado a juicio ante un tribunal especializado en casos de corrupción. Durante el juicio, se presentaron nuevas pruebas que confirmaron las acusaciones en su contra y demostraron su participación en los hechos de corrupción relacionados con la OMSA. Ante la contundencia de las pruebas presentadas, Guzmán decidió declararse culpable y solicitar un acuerdo de cooperación con la fiscalía a cambio de una reducción de su condena.
La sentencia final fue dictada por el tribunal, condenando a Guzmán a varios años de prisión por los delitos de corrupción y malversación de fondos públicos. A pesar de haber cooperado con las autoridades y haber admitido su responsabilidad en los hechos, Guzmán recibió una condena ejemplarizante como muestra de la gravedad de los crímenes cometidos. La sentencia fue recibida con indignación por sus seguidores y partidarios, quienes continuaron defendiendo su inocencia y denunciando que se trataba de una persecución política. Sin embargo, las autoridades judiciales consideraron que la condena era justa y proporcional a la gravedad de los delitos cometidos.
En resumen, el caso de Guzmán representa un ejemplo de los esfuerzos de las autoridades dominicanas por combatir la corrupción y la impunidad en el país. A través de un proceso legal transparente y riguroso, se logró demostrar la culpabilidad de Guzmán en los hechos de corrupción relacionados con la OMSA y se le impuso una condena ejemplarizante. A pesar de las críticas y protestas por parte de sus seguidores, la justicia prevaleció y se demostró que nadie está por encima de la ley en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana.