En un caso anterior, Guzmán había sido condenado a pagar una multa de RD$3,000 por posesión de drogas. Sin embargo, en esta ocasión, el Ministerio Público le imputaba la comisión de un delito mayor, por lo que fue detenido y enfrentaba cargos más graves que podrían resultar en una pena de prisión más larga.
Durante la audiencia, los fiscales presentaron pruebas contundentes que vinculaban a Guzmán con la comisión del delito por el cual se le acusaba. Entre las pruebas presentadas se encontraban testimonios de testigos presenciales, evidencia física y registros telefónicos que apuntaban a la participación de Guzmán en la actividad delictiva.
La jueza Romero consideró que Guzmán representaba un peligro para la sociedad y que existía un alto riesgo de que intentara fugarse si se le otorgaba la libertad provisional. Por lo tanto, dictaminó que la medida cautelar de prisión preventiva era necesaria para asegurar la comparecencia del acusado durante el proceso judicial y para proteger a la comunidad de posibles daños futuros.
La defensa de Guzmán intentó argumentar en contra de la decisión de la jueza, alegando que su cliente era inocente y que se encontraba en una situación de vulnerabilidad debido a problemas de salud. Sin embargo, la jueza determinó que los argumentos presentados por la defensa no eran suficientes para cambiar su decisión de mantener a Guzmán en prisión preventiva.
La situación de Guzmán generó debate en la opinión pública, con algunos sectores apoyando la decisión de la jueza de mantenerlo en prisión preventiva y otros cuestionando la legalidad y la justicia del proceso judicial en su contra. Sin embargo, la jueza Romero se mantuvo firme en su decisión y reiteró que se basaba en la ley y en las pruebas presentadas durante la audiencia.
En resumen, la jueza Kenya Romero dictó un año de prisión preventiva contra Guzmán luego de que el Ministerio Público presentara pruebas contundentes que lo vinculaban con la comisión de un delito grave. A pesar de los intentos de la defensa por argumentar en contra de la medida cautelar, la jueza consideró que Guzmán representaba un peligro para la sociedad y que era necesario mantenerlo en prisión para garantizar su comparecencia durante el proceso judicial y proteger a la comunidad de posibles daños.