La defensa del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras, ha denunciado que se violaron sus derechos fundamentales durante su arresto. Sin embargo, la fiscal Mirna Ortiz ha negado estas acusaciones, afirmando que Beras y su familia pueden testificar sobre el trato recibido. Tras presentar la solicitud de medida de coerción contra siete involucrados en el caso denominado Camaleón, Ortiz aseguró que Beras fue tratado con dignidad y respeto a sus derechos fundamentales.
El Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción contra José Gómez Canaán, propietario de Transcore Latam y Aurix; Hugo Beras Goico, exdirector del INTRANT; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del INTRANT; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT; y Carlos José Peguero Vargas, todos implicados en el caso. La fiscal Ortiz ha solicitado prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo, ya que la investigación sigue abierta y no se descartan más implicados en la red de corrupción y crimen organizado.
Los acusados enfrentan cargos por desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad. Se señalan contratos fraudulentos para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, contratos ilegales con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizados para usurpar funciones propias de organismos de inteligencia y defensa del Estado, así como sabotajes contra la red semafórica. El exministro de Defensa, Rubén Paulino Sem, también será entrevistado en relación con este caso.
La fiscal Mirna Ortiz ha destacado que la actuación del Ministerio Público ha sido conforme a la ley, cumpliendo con los protocolos y normas establecidos. Asimismo, ha enfatizado que el testimonio de Beras y su familia es evidencia del trato digno y respetuoso que recibió tras su arresto. Por otra parte, se continúa investigando este caso para identificar a más implicados en esta red de corrupción y crimen organizado, que ha causado un grave daño al Estado. La solicitud de prisión preventiva para los siete acusados busca asegurar que respondan por sus acciones y se garantice el desarrollo de un proceso judicial justo.
En medio de estas acusaciones y solicitudes de medidas de coerción, se espera que la justicia dominicana aclare los hechos y determine la responsabilidad de cada uno de los implicados en este caso. La lucha contra la corrupción y el crimen organizado es una prioridad para el Ministerio Público, que busca garantizar la integridad institucional y defender los recursos públicos de la nación. La transparencia en las investigaciones y el respeto por los derechos fundamentales de los imputados son fundamentales para lograr una justicia imparcial y eficaz en este caso y en otros casos de corrupción que afectan a la sociedad dominicana.
