La vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, hizo declaraciones rechazando las acusaciones de que el país lleva a cabo políticas migratorias racistas y afirmó que en realidad están defendiendo su soberanía. A esto, Amnistía Internacional respondió expresando su preocupación por la negación de la evidencia sobre el maltrato a haitianos en República Dominicana. La organización instó al gobierno dominicano a promover un cambio positivo en su política migratoria, respetando las obligaciones internacionales y corrigiendo prácticas y políticas racistas que vulneran los derechos humanos, como la deportación de mujeres embarazadas y menores de edad.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, lamentó que la respuesta de la vicepresidenta Peña haya sido simplemente negar la evidencia presentada por la organización. Piquer enfatizó la importancia de que el Estado asuma responsabilidad por los hechos constatados con testimonios, estadísticas e imágenes, ya que resistirse al escrutinio público socava la confianza en el gobierno y afecta a las personas cuyos derechos deben ser respetados y protegidos. Amnistía Internacional instó al gobierno dominicano a cumplir con el reglamento de la ley migratoria que prohíbe la deportación de mujeres embarazadas y menores de edad, y a respetar sus obligaciones internacionales en materia de protección internacional.
En respuesta a las críticas de Amnistía Internacional, la vicepresidenta Peña reiteró su postura de que el país no ejecuta políticas migratorias racistas y que lo que están haciendo es defender su soberanía. Peña también señaló que los organismos internacionales pueden expresar sus opiniones, pero que el país seguirá manteniendo sus políticas migratorias. La situación ha generado un debate acalorado entre las autoridades dominicanas y las organizaciones de derechos humanos, que continúan denunciando el maltrato a haitianos en República Dominicana y llamando al gobierno a realizar cambios en su política migratoria.
Desde Amnistía Internacional se ha criticado la actitud de la vicepresidenta Peña y se ha instado al gobierno dominicano a tomar medidas concretas para corregir las prácticas y políticas migratorias racistas que violan los derechos humanos. Se ha enfatizado la importancia de respetar las normativas internacionales y de garantizar la protección de las personas migrantes, especialmente mujeres embarazadas y menores de edad. La organización ha manifestado su preocupación por la falta de transparencia y rendición de cuentas del gobierno dominicano en este tema y ha llamado a que se permita un escrutinio público para garantizar el respeto de los derechos humanos en el país.
En medio de la controversia, la vicepresidenta Peña ha mantenido su postura de negar las acusaciones de políticas migratorias racistas y ha reiterado que el país está actuando en defensa de su soberanía. Sin embargo, las críticas de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos continúan presionando al gobierno dominicano para que tome medidas concretas para garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad. La situación sigue siendo objeto de debate y controversia, y se espera que se produzcan desarrollos adicionales en las próximas semanas en relación con la política migratoria de la República Dominicana y su impacto en la comunidad haitiana en el país.
