La defensa de Hugo Beras presentó un recurso de apelación contra la medida de coerción impuesta por la jueza Fátima Veloz en el caso Camaleón. El recurso será remitido a la Corte de Apelación para su consideración, ya que Beras cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. Junto a él, otros acusados como José Ángel Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S., y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico de INTRANT, también están en prisión preventiva.
La jueza Fátima Veloz dispuso que Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda cumpla arresto domiciliario y a Frank Díaz Warden se le impuso una garantía económica de 2 millones de pesos. Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas tienen una garantía económica de un millón de pesos. El caso Camaleón fue declarado complejo por el Ministerio Público y se fijó la revisión obligatoria de las medidas para enero de 2025. Los acusados enfrentan cargos por corrupción, crimen organizado, desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, contrabando, terrorismo y robo de identidad.
Los delitos están tipificados en la Constitución de la República Dominicana, el Código Penal y varias leyes específicas. La abogada Laura Acosta confirmó que presentaron el recurso de apelación contra la medida de coerción impuesta a Hugo Beras. Además de Beras, otros acusados como Jochi Gómez y Pedro Padovani también están en Najayo. El caso Camaleón incluye acusaciones de corrupción, crimen organizado, desfalco, estafa, contrabando, terrorismo y robo de identidad.
La defensa de Hugo Beras espera que la Corte de Apelación evalúe su recurso y fije una fecha para su consideración. Mientras tanto, Beras sigue cumpliendo prisión preventiva en Najayo Hombres junto a otros acusados en el caso Camaleón. El Ministerio Público consideró el caso como complejo y se estableció una revisión obligatoria de las medidas para enero de 2025. Los acusados enfrentan cargos por corrupción, crimen organizado, desfalco, estafa, contrabando, terrorismo y robo de identidad, y están sujetos a diversas leyes que regulan estos delitos en la República Dominicana.
