El gobierno boliviano presentó a 17 militares implicados en un intento de golpe de Estado contra el presidente Luis Arce. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que se logró la aprehensión de estas personas, quienes planificaron y ejecutaron las acciones bajo las órdenes del destituido jefe militar Juan José Zúñiga. Se estableció que los implicados formaban parte de cuatro grupos que se encargaban de preparar, organizar, ejercer fuerza y consolidar el poder durante la intervención en la plaza Murillo, en La Paz.
Se destacó que Zúñiga fue identificado como el líder de la toma, mientras que el comandante de la Armada Juan Arnez fue el "articulador" de la operación, con el apoyo de un civil considerado uno de los "ideólogos" del plan. Algunos de los detenidos incluyen al comandante del Regimiento Colorados de Bolivia, encargado de la seguridad presidencial, y a los responsables de los cuarteles de Viacha y Achacachi, de donde salieron los vehículos blindados utilizados en la toma de la plaza Murillo.
Uno de los detenidos se declaró en "huelga de hambre seca" por presuntas vulneraciones a sus derechos y falta de defensa legal. El ministro Del Castillo presentó un organigrama que detalla la participación de los militares en el intento de golpe de Estado, que había sido planeado desde el mes de mayo. Se resaltó la importancia de desarticular estos grupos para preservar la estabilidad política y asegurar el respeto a la democracia en el país.
El presidente Arce fue el objetivo del intento de golpe de Estado, que fue respondido de manera efectiva por las autoridades bolivianas. El gobierno aseguró que está detrás de varios prófugos involucrados en la planificación y ejecución de las acciones para derrocar al mandatario. Se espera que las investigaciones continúen para identificar a todos los responsables y evitar futuros intentos de desestabilización en Bolivia.
La aprehensión de los militares ha generado repercusiones en el ámbito político y social de Bolivia. La sociedad civil ha manifestado su preocupación por la existencia de grupos que buscan socavar la democracia y la estabilidad del país. Por su parte, las autoridades han reafirmado su compromiso con la defensa de la institucionalidad y el Estado de derecho, así como con la protección de la integridad del presidente Arce y su gobierno.
El gobierno boliviano se mantiene vigilante ante posibles amenazas a la seguridad del Estado y al orden constitucional. Se espera que la detención de los militares implicados en el intento de golpe de Estado sirva como advertencia a quienes intenten socavar la democracia en Bolivia. La cooperación entre las autoridades y la sociedad civil será fundamental para prevenir futuras acciones que pongan en riesgo la estabilidad política y la paz en el país.