El lunes, presuntos sicarios asesinaron a la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, en el estado de Michoacán, México. Afiliada al PAN, la alcaldesa fue sorprendida por un grupo de hombres armados que dispararon rifles de asalto desde una camioneta en movimiento en la plaza principal de Cotija, dejando herido a uno de sus escoltas. A pesar de recibir al menos 19 impactos de bala, fue trasladada a un hospital regional donde finalmente falleció. Este no fue el primer ataque que sufrió Sánchez Figueroa, ya que en septiembre de 2023 fue secuestrada por presuntos sicarios del CJNG y liberada tres días después.
El asesinato de la alcaldesa se suma a una serie de incidentes violentos en Cotija, donde también desapareció el regidor Arnulfo García Figueroa. Además, el martes 28 de mayo, se reportaron disparos de rifles de asalto cerca de la plaza principal durante un evento político de la candidata a la alcaldía, Estrella Mendoza Méndez. En la localidad, se ha identificado la presencia de células de varios cárteles, incluyendo el CJNG, Los Viagras, Cartel de Los Reyes (Cárteles Unidos) y Los Pájaros Sierra, una escisión del grupo criminal de Jalisco.
El Gobierno de Michoacán confirmó el asesinato de la alcaldesa y se ha iniciado una investigación para identificar a los responsables. En México, los ataques contra políticos y autoridades locales han aumentado en los últimos años, generando preocupación por la violencia y la inseguridad en varias regiones del país. La falta de resultados en la investigación y la impunidad son un desafío para hacer frente a este tipo de crímenes.
El asesinato de Yolanda Sánchez Figueroa ha generado conmoción en Michoacán y en todo México, donde la violencia del crimen organizado sigue cobrando vidas y sembrando el miedo en la población. Las autoridades locales y federales están trabajando en conjunto para esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia. La lucha contra el narcotráfico y la violencia en el país es un desafío que requiere de estrategias integrales y coordinadas por parte de todas las instancias del Gobierno.
La inseguridad en Michoacán y en otras regiones de México es un problema grave que afecta a la población y pone en riesgo la democracia y el estado de derecho. Es urgente fortalecer las instituciones de seguridad y justicia para garantizar la protección de los ciudadanos y combatir la impunidad que permite que los criminales sigan operando con total impunidad. La violencia política y el narcotráfico son una amenaza para la estabilidad y el desarrollo del país y requieren de acciones contundentes por parte de las autoridades. La sociedad mexicana exige justicia y una respuesta efectiva a esta situación de violencia desatada.
