El presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) expresó su preocupación por el supuesto uso abusivo de las vías legales por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) al involucrar a dos intervinientes forzosos con la intención de retrasar el proceso legal contra el Decreto 420-23 que establece el Reglamento para el Registro Nacional de Vehículos de Motor y las licencias para los concesionarios. Se mencionó que el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la IERD fueron involucrados en el proceso, lo cual generó un nuevo aplazamiento de la audiencia hasta el 7 de junio.
El representante de Asocivu destacó que la DGII involucró a actores que no tienen relación directa con el proceso legal en cuestión, lo cual está afectando la celeridad del mismo. Se señaló que este caso es de urgencia y debería ser resuelto en un máximo de dos audiencias debido al impacto económico que tiene en el sector de importación de vehículos usados, el cual aporta miles de millones de pesos y afecta a centenares de empresas y miles de empleos. A pesar de que el Decreto 420-23 no está actualmente en vigencia, Asocivu está solicitando su nulidad.
El Decreto 420-23, que fue emitido el 18 de septiembre de 2023, ha generado controversia en el sector de importadores de vehículos usados, debido a que establece el Reglamento para el Registro Nacional de Vehículos de Motor y las licencias para los concesionarios. Asocivu ha manifestado su oposición a este decreto y ha buscado su nulidad a través de un proceso legal ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA). Sin embargo, la inclusión de intervinientes forzosos por parte de la DGII ha generado complicaciones en el desarrollo del proceso legal.
La audiencia en la que se debía discutir la nulidad del Decreto 420-23 fue aplazada por tercera ocasión debido a la falta de comparecencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la IERD. Esta situación ha generado preocupación en Asocivu, ya que consideran que el retraso en el proceso legal puede afectar gravemente los intereses económicos del sector de importadores de vehículos usados, así como a las empresas y empleados involucrados en esta actividad.
Asocivu ha reiterado su deseo de que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) pueda conocer el fondo de la demanda en nulidad contra el Decreto 420-23 y tomar una decisión que proteja los intereses económicos del sector de importadores de vehículos usados. El presidente de la asociación ha manifestado que la inclusión de intervinientes forzosos ajenos al proceso legal es un obstáculo que impide avanzar en la resolución de este caso, el cual consideran urgente y de gran importancia para el sector.
En resumen, la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) ha expresado su preocupación por el supuesto uso abusivo de las vías legales por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en el proceso legal contra el Decreto 420-23 que establece el Reglamento para el Registro Nacional de Vehículos de Motor y las licencias para los concesionarios. A pesar de los retrasos en el proceso debido a la inclusión de intervinientes forzosos ajenos al caso, Asocivu sigue buscando la nulidad de dicho Decreto para proteger los intereses económicos del sector de importadores de vehículos usados en República Dominicana.
