Un tribunal federal de Estados Unidos ha bloqueado temporalmente la implementación de una ley en Florida que castiga el transporte de migrantes indocumentados hasta que se resuelva la demanda presentada por grupos civiles que la consideran inconstitucional. La sección 10 de la ley SB-1718 ha sido específicamente bloqueada, ya que pone en riesgo a miles de floridanos y residentes de otros estados de ser arrestados por transportar migrantes indocumentados, incluso por acciones tan simples como llevar a un familiar al médico o de vacaciones. La ley también requería que los hospitales incluyeran preguntas sobre el estatus migratorio del paciente, lo cual ha sido criticado por los demandantes.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF), entre otros demandantes, han criticado la ley y han expresado su preocupación por los efectos negativos que tiene en la comunidad inmigrante. Amien Kacou, abogada de ACLU, ha declarado que la orden de bloqueo reconoce el daño irreparable que la SB-1718 está causando a los inmigrantes, las familias y las comunidades al criminalizarlos sin un debido proceso legal. Por otro lado, Evelyn Wiese, abogada de Americans for Immigrant Justice, ha aplaudido la decisión del tribunal, ya que protege a los clientes y a la comunidad de ser criminalizados por ayudar a familiares, amigos o compañeros de trabajo.
Emma Winger, subdirectora jurídica del Consejo Estadounidense de Inmigración, ha destacado que el fallo significa un respiro para las familias y comunidades minoritarias en Florida, al brindarles libertad frente al miedo y mayor seguridad. Desde el Southern Poverty Law Center, Anne Janet Hernandez ha subrayado que la ley es inconstitucional y pone en riesgo a los demandantes, a los miembros del FWAF y a la comunidad inmigrante en general, al exponerlos al arresto, procesamiento, detención obligatoria y separación familiar. La medida ha sido recibida con alivio por parte de diversas organizaciones y activistas que defienden los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.
En medio de una creciente ola de leyes y políticas antiinmigrantes en Florida, la decisión del tribunal federal representa un paso importante para proteger a los afectados y garantizar sus derechos constitucionales. La abogada Amien Kacou ha calificado la orden de bloqueo como una victoria contra estas políticas injustas y ha destacado la importancia de que los tribunales actúen para proteger a las familias en riesgo. Por su parte, Evelyn Wiese ha celebrado que la ley no pueda ser utilizada en este momento para criminalizar a los clientes de Americans for Immigrant Justice ni a la comunidad en general por brindar ayuda humanitaria.
El impacto de la ley SB-1718 en la comunidad inmigrante ha sido objeto de controversia y críticas por parte de diversos sectores de la sociedad estadounidense. La exigencia de que los hospitales realicen preguntas sobre el estatus migratorio de los pacientes y la posibilidad de arrestar a personas por simplemente brindar transporte a migrantes indocumentados ha generado preocupación y rechazo. El fallo del tribunal federal ha sido recibido con alivio y esperanza por parte de los demandantes y activistas, quienes ven en esta decisión un avance en la protección de los derechos de los inmigrantes en Florida y en Estados Unidos en general.
