Tras casi cuatro años de investigaciones, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) insiste en la necesidad de más tiempo para presentar la acusación en el caso Calamar, que involucra a tres ex ministros del gobierno del expresidente de la República Danilo Medina. La operación se inició en marzo de 2023, tras casi tres años de investigación por parte de la Pepca, y fue declarada compleja en abril del año pasado. Tras vencerse los plazos para presentar la acusación, se solicitó una prórroga de cuatro meses, la cual está siendo evaluada por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Para decidir sobre la solicitud de prórroga presentada por el Ministerio Público, se ha fijado una audiencia para el lunes 08 de abril a las 9:00 de la mañana, donde la jueza suplente del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Franchesca Potentini, tomará la decisión. Las autoridades fiscales han señalado que la formulación de la acusación ya estaba "lo suficientemente blindada" y requieren de más tiempo para completarla. Además, se han registrado recusaciones de jueces en el proceso, lo que ha generado un mayor retraso en el desarrollo del caso.
La jueza Kenya Romero declaró el caso como complejo en abril del año pasado, y al vencerse los plazos para presentar la acusación, el MP solicitó una prórroga de cuatro meses a la magistrada Patricia Padilla. Sin embargo, esta última fue recusada por la defensa de uno de los ex ministros involucrados, José Ramón Peralta, debido a presuntas actitudes parciales que obstruirían el derecho a la defensa. En su sustitución, fue designada la magistrada Ana Lee Florimón, quien también fue recusada por el MP horas antes de dar a conocer su decisión.
El pasado 18 de marzo se cumplió un año de los arrestos en la operación Calamar, y según el Código Procesal Penal, el Ministerio Público debía presentar la acusación dentro de ese plazo. Sin embargo, debido a la solicitud de prórroga, la presentación de la acusación se ha retrasado. A pesar de la expectativa de que se otorgue la prórroga solicitada por la Pepca, continúa la incertidumbre sobre el avance del caso y la posible implicación de los ex ministros en hechos de corrupción.
La magistrada Ana Lee Florimón alegó ser víctima de persecución y acoso debido al desempeño de sus funciones durante una audiencia, lo que generó preocupación sobre la imparcialidad y la transparencia en el proceso judicial. El Poder Judicial informó que estaba investigando dichas denuncias, pero hasta la fecha no se han dado a conocer los resultados de las pesquisas. La complejidad del caso Calamar y las recusaciones de jueces han contribuido a la prolongación de las investigaciones y han generado críticas sobre la eficiencia del sistema judicial en la lucha contra la corrupción en el país.
