Durante las últimas dos décadas, Latinoamérica ha experimentado un aumento en la llegada de inversiones extranjeras, provenientes de países como China y Rusia. Sin embargo, según algunos expertos, este flujo de capital a veces conlleva la entrada de lo que se conoce como “capitales corrosivos”. Un ejemplo reciente de este tipo de inversión es el futuro megapuerto marítimo de Chancay en Perú, que recibirá una inversión de 3.500 millones de dólares por parte de la empresa china Cosco Shipping, y se espera que se convierta en la principal conexión comercial de Suramérica con Asia.
Martin Friedl, director para Latinoamérica y el Caribe del Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), explica que el término ‘capital corrosivo’ se refiere a la financiación proveniente de naciones “autoritarias”, ya sea estatal o privada, que carece de transparencia, rendición de cuentas y orientación de mercado. Aunque Friedl reconoce la importancia de la inversión extranjera, considera que algunos de estos capitales pueden tener un impacto negativo en las naciones receptoras. En el caso del megapuerto de Chancay, el Gobierno peruano espera que genere ingresos anuales de hasta US$4.500 millones para el país.
La presencia de capitales corrosivos en Latinoamérica plantea una serie de desafíos para los gobiernos de la región. Por un lado, estas inversiones pueden beneficiar a la economía local al impulsar proyectos de infraestructura y generar empleo. Sin embargo, también pueden traer consigo dependencia económica y pérdida de soberanía, ya que suelen estar condicionadas a ciertas exigencias por parte de los países de origen. Además, la falta de transparencia y rendición de cuentas en este tipo de financiamiento puede dar lugar a prácticas corruptas y opacas.
En este contexto, es fundamental que los gobiernos de Latinoamérica establezcan mecanismos de regulación y supervisión para garantizar que las inversiones extranjeras no pongan en riesgo la soberanía y el desarrollo sostenible de la región. Además, es importante promover la diversificación de fuentes de financiamiento, fomentando la participación del sector privado local y fortaleciendo la transparencia en las transacciones comerciales. De esta manera, se podrán maximizar los beneficios de la inversión extranjera sin comprometer la autonomía y el bienestar de las naciones receptoras.
En conclusión, si bien la llegada de inversiones extranjeras puede representar una oportunidad para el desarrollo económico de Latinoamérica, es necesario estar alerta ante la presencia de capitales corrosivos que puedan comprometer la soberanía y la transparencia en la región. Los gobiernos y las instituciones locales deben trabajar en conjunto para establecer un marco regulatorio sólido que proteja los intereses de sus ciudadanos y promueva un crecimiento sostenible y equitativo. Solo así se podrá garantizar que la inversión extranjera contribuya de manera positiva al desarrollo de la región en su conjunto.
