La presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, presentó un informe ante el Consejo Permanente de la OEA donde denunció la implementación de prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela, incluyendo violaciones a los derechos fundamentales como la represión, arrestos arbitrarios y desapariciones de manifestantes de la oposición. Según Clarke, las manifestaciones han sido duramente reprimidas en un contexto de absoluta impunidad, ya que los órganos de control responden al régimen y son parte de la estrategia represiva del Estado. Este informe se dio a conocer en medio de protestas callejeras en Caracas por la polémica elección presidencial del 28 de julio y cambios en el gabinete que hacen temer más represión.
Según el informe presentado por Clarke, al menos 23 personas han muerto por la violencia de la fuerza pública contra los manifestantes en Venezuela, todas ellas por disparos. Ocho de esas muertes se atribuyen a las fuerzas militares y dos a la policía. Desde el 22 de julio, se han reportado al menos 1,672 detenciones, la mayoría de jóvenes que viven en áreas urbanas muy pobres. Estas cifras reflejan la grave situación de violencia y represión que se vive en el país, donde la libertad de expresión y el derecho a la protesta han sido duramente restringidos por el gobierno.
La denuncia de la CIDH resalta la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela, con prácticas de terrorismo de Estado que vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. La represión de las manifestaciones de la oposición y las detenciones arbitrarias de manifestantes son ejemplos claros de la violencia institucionalizada que se vive en el país. La falta de independencia de los órganos de control y la impunidad con la que actúa el Estado refuerzan esta grave situación de vulneración de derechos.
Las protestas callejeras en Caracas y en otras ciudades de Venezuela son una muestra de la resistencia de la sociedad civil ante la represión del gobierno. La oposición ha convocado a sus seguidores a defender en las calles su alegada victoria en las elecciones y a exigir transparencia en los resultados. Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido la represión y la violencia, lo que ha llevado a un aumento de las tensiones y la escalada de la violencia. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación en el país y ha llamado a respetar los derechos humanos y la democracia.
Es importante que se investiguen y se sancionen las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, tanto por parte de las autoridades nacionales como por la comunidad internacional. La impunidad con la que actúa el Estado en la represión de las manifestaciones y la violencia contra los manifestantes debe cesar, y los responsables deben rendir cuentas por sus acciones. Es fundamental garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y promover un ambiente de diálogo y respeto en el país.
La CIDH continuará monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela y trabajando para visibilizar las violaciones y abusos que se están cometiendo. Es necesario que la comunidad internacional se mantenga vigilante y tome medidas para proteger a la población venezolana de la represión y la violencia estatal. La defensa de los derechos humanos y la democracia en el país es imperativa para garantizar la paz y la estabilidad en la región.
