Un tribunal en Jimaní condenó a cinco personas por tráfico ilícito de migrantes agravado, con penas de 10 y 15 años de prisión, además de una multa de 150 salarios mínimos. La red criminal fue desmantelada con la Operación Iguana, liderada por la procuradora general Yoanna Bejarán Álvarez. Durante nueve allanamientos simultáneos, se detuvo a los acusados y se incautaron evidencias como vehículos, pasaportes, dinero y un arma de fuego. La investigación comenzó en 2021 y se lograron pruebas que vinculan a los acusados con el tráfico ilícito agravado de migrantes y secuestro.
Los acusados utilizaban la frontera entre República Dominicana y Haití como centro de operaciones. En el expediente acusatorio se señala que recurrían a la amenaza, chantaje y privación de libertad para obtener sobornos. Además, mantenían en cautiverio a las personas objeto de tráfico ilícito hasta recibir el pago exigido. Se les acusó de violar varias leyes, incluyendo la Ley de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Código Penal Dominicano y la Ley sobre Secuestro. La sentencia condenatoria fue dictada por los jueces Alejandro Antonio García Cruz, Elaine del Pilar Lluberes y Freddy Hernández White, quienes consideraron como válidos los elementos aportados por los fiscales.
Los principales miembros de la red criminal condenados fueron Roberto Méndez Pérez, Johan Rosario Castillo, Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán. Deivi Novas Reyes y Dominga Guzmán fueron absueltos de los cargos en su contra. La investigación penal iniciada en diciembre de 2021 por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, con el apoyo del Departamento de Investigación de la Dirección General de Migración, permitió recopilar las pruebas necesarias para llevar a cabo el proceso judicial.
La red utilizaba la frontera domínico-haitiana como punto de operaciones y se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes, incluyendo el secuestro de personas. Durante los allanamientos realizados como parte de la Operación Iguana, se logró la detención de los acusados y la incautación de diversas evidencias que fueron presentadas durante el juicio. La Procuraduría General de la República, a través de la PETT, lideró la desarticulación de esta red criminal y logró obtener una sentencia condenatoria que refleja la gravedad de los delitos cometidos.
La sentencia impuesta a los miembros de la red criminal es ejemplar y busca enviar un mensaje claro de que las actividades delictivas relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes no serán toleradas en la República Dominicana. La cooperación entre diferentes entidades, como la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Dirección General de Migración, fue fundamental para el éxito de la Operación Iguana y el desmantelamiento de esta red criminal. La lucha contra este tipo de delitos continúa siendo una prioridad para las autoridades dominicanas, que trabajan incansablemente para garantizar la seguridad y protección de las personas vulnerables.
