La coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), rechazó una posible sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que dieron la victoria al presidente Nicolás Maduro. Consideran que cualquier fallo del TSJ a favor de Maduro sería ineficaz y nulo, ya que violaría los derechos de los electores y estaría usurpando funciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Los líderes de la PUD, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, afirmaron que la Sala Electoral del TSJ no tiene la autoridad para intervenir en el proceso electoral, ya que la soberanía reside en el pueblo y no puede ser ignorada por ningún órgano del poder público. Consideran que el CNE es el único organismo competente para totalizar los votos y publicar los resultados, y que cualquier intervención del TSJ sería una violación del principio de separación de poderes.
La coalición sostiene que González Urrutia fue el ganador legítimo de las elecciones presidenciales y que asumirá la presidencia el 10 de enero del próximo año. El TSJ está realizando un proceso para validar los resultados electorales, pero los opositores consideran que esta acción es improcedente y buscan impugnar los resultados proclamados por el CNE a favor de Maduro. A pesar de los cuestionamientos dentro y fuera del país, la PUD insiste en la legitimidad de su candidato.
El TSJ envió magistrados, incluida su presidenta Caryslia Rodríguez, al CNE para revisar las actas físicas de las elecciones presidenciales, las cuales aún no han sido publicadas de manera detallada, como exige la ley. La falta de transparencia en la publicación de los resultados ha generado dudas sobre la legitimidad de la victoria de Maduro, y la PUD busca proteger los derechos electorales del pueblo venezolano a través de su rechazo a cualquier intervención del TSJ en el proceso.
La coalición opositora ha reiterado su llamado al respeto de la Constitución y las leyes, así como a la separación de poderes en Venezuela. Consideran que es responsabilidad del CNE cumplir con su obligación constitucional de validar los resultados electorales y que cualquier acción del TSJ para validar la victoria de Maduro sería ilegítima y violaría los derechos democráticos del pueblo venezolano. La lucha por la democracia y la transparencia en las elecciones presidenciales sigue vigente en medio de la crisis política que atraviesa el país.
