Tras la detención de Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), varios legisladores expresaron sus críticas al allanamiento realizado por el Ministerio Público en la residencia del exfuncionario. Diputados del PRM consideraron que Beras debió ser tratado con respeto y mostraron su desaprobación al procedimiento de allanar y arrestar al ex director del Intrant. Argumentaron que la Procuraduría debería llevar a cabo los interrogatorios primero y dar la oportunidad a los acusados de presentar sus defensas antes de privarlos de libertad.
Por otro lado, representantes de la oposición señalaron que el arresto de Hugo Veras evidencia la disparidad en el manejo de casos de corrupción por parte del Ministerio Público, dependiendo si los implicados son oficialistas u opositores. En medio de la controversia, la abogada de Beras, Laura Acosta, afirmó que su cliente se encuentra tranquilo después de que se le incautaran dos vehículos y su teléfono celular durante el allanamiento en su residencia relacionado con el contrato del Intrant. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre las incautaciones ni sobre los posibles cargos relacionados con el caso.
Además, se han producido más detenciones en relación con un escándalo de corrupción que salió a la luz en octubre de 2023, cuando se revelaron irregularidades en el contrato para el control de la Red Semafórica del Distrito Nacional. Los detenidos en este caso son Fran Rafael Atiliano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Pedro Vinici Padovano Báez y Carlos José Peguero Vargas. Según el Ministerio Público, el origen de esta trama se remonta a 2017, cuando José Ángel Gómez Canaán (Jochy) fue beneficiado con contratos del Estado, incluido uno otorgado a la empresa Dekolor S.R.L., de la cual es co-gerente junto a Rogelio Ramón Oruña Aguilar.
En medio de toda esta situación, la abogada de Hugo Beras señaló que las pruebas obtenidas en el allanamiento podrían no tener valor, lo que plantea interrogantes sobre la legalidad del procedimiento llevado a cabo por el Ministerio Público. Las críticas hacia el manejo de este caso continúan creciendo, con distintos sectores políticos expresando su descontento con las acciones tomadas. Mientras tanto, Hugo Beras se mantiene tranquilo a pesar de su apresamiento y la incertidumbre sobre los cargos que podrían estar relacionados con el contrato del Intrant y las incautaciones realizadas en su residencia. La situación sigue en desarrollo y se espera que más detalles salgan a la luz en los próximos días.
