Las afirmaciones de Eugenio Torres, director de Derechos Humanos sin Rostro, sobre el incendio en La Victoria incluyen una solicitud de renuncia al director de Prisiones, Roberto Hernández, por su silencio ante lo ocurrido, afirmando que el saldo de muertos es de alrededor de 200 personas, no 13 como se informó originalmente. Torres realizó estas declaraciones durante una protesta en la que expresó que los familiares de los fallecidos no se manifestaban por miedo, pero que ellos eran la voz de aquellos que no pueden hablar. También mencionó la posibilidad de realizar una rueda de prensa con detalles sobre los presos y quienes se fugaron durante el incidente.
El incendio en La Victoria ocurrió el 18 de marzo, afectando las celdas 3 y 4 del Patio de La Victoria. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, ordenó el traslado de 1,800 presos a otros centros penitenciarios, sumándose a los que ya habían sido trasladados el día del siniestro. Sin embargo, Eugenio Torres expresó su preocupación por las ejecuciones que según él han estado ocurriendo en las cárceles, así como por el proceso que enfrentan las mujeres al visitar a sus familiares en diferentes centros penitenciarios del país.
Torres también denunció la presencia de armas y droga en el Nuevo Modelo, cuestionando quién introduce estos elementos y mencionando la humillación a la que se ven sometidas las mujeres al ser revisadas al visitar a sus parientes en prisión. Estas declaraciones ponen de manifiesto la grave situación en las cárceles dominicanas y la falta de mecanismos eficaces para garantizar la seguridad y dignidad de los presos y sus familiares. Además, Torres criticó el trato inhumano y degradante que sufren las mujeres durante las visitas.
La solicitud de renuncia al director de Prisiones, Roberto Hernández, y las denuncias de Eugenio Torres sobre la situación en La Victoria y otras cárceles dominicanas evidencian la urgente necesidad de reformas en el sistema penitenciario del país. La falta de transparencia y el trato inhumano hacia los presos y sus familiares son preocupaciones que deben abordarse de manera urgente para garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas que se encuentran en el sistema carcelario. Es necesario que se investiguen a fondo estos hechos y se tomen medidas concretas para prevenir tragedias futuras y garantizar un trato digno para todas las personas privadas de libertad.