Los abogados de varios querellantes en el caso Calamar están denunciando que el Ministerio Público busca resarcir solo al Estado dominicano como querellante, ignorando a otras partes afectadas. Uno de los abogados, Pablo Benjamin Castillo Mercedes, argumenta que la ley establece que para llegar a un criterio de oportunidad, es necesario indemnizar a la víctima. Sin embargo, el Ministerio Público considera que la única víctima es el Estado dominicano, ignorando a otros querellantes como la familia Mota, a quienes representa Castillo Mercedes, y que sufrieron daños por falsificación de firma y cobro de poderes falsos. El Ministerio Público no ha solicitado ninguna indemnización para los querellantes en el acuerdo de homologación.
La jueza Altagracia Ramírez ha pospuesto el conocimiento de la solicitud de criterio de oportunidad de los acusados en el caso Calamar para el 22 de agosto, con el fin de notificar formalmente a los querellantes sobre el acuerdo de criterio de oportunidad presentado por el Ministerio Público. La Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa buscan validar el acuerdo de homologación con varios testigos, incluyendo a Ramón Emilio Jiménez y Belkis Antonia Tejada, quienes son acusados de realizar cobros ilegales junto a la Dirección de Casino y Juegos de Azar durante el período 2016-2020.
Pablo Benjamin Castillo Mercedes, abogado de la familia Mota y otros querellantes en el caso Calamar, afirma que el Ministerio Público solo busca indemnizar al Estado dominicano como querellante, ignorando a otras partes afectadas por el caso. Castillo Mercedes señala que la familia Mota, a la que representa, sufrió daños por falsificación de firma y cobro de poderes falsos, pero el Ministerio Público no ha solicitado ninguna indemnización para ellos en el acuerdo de homologación. La jueza Altagracia Ramírez ha pospuesto la audiencia para notificar formalmente a los querellantes sobre el acuerdo de criterio de oportunidad presentado por el Ministerio Público.
En el caso Calamar, el Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa buscan validar un acuerdo de homologación con varios testigos, incluyendo a Ramón Emilio Jiménez y Belkis Antonia Tejada, acusados de realizar cobros ilegales junto a la Dirección de Casino y Juegos de Azar durante el período 2016-2020. Los abogados de querellantes en el caso denuncian que el Ministerio Público solo busca resarcir al Estado dominicano como querellante, sin considerar a otras partes afectadas, como la familia Mota, a quienes representan y que sufrieron daños por falsificación de firma y cobro de poderes falsos.
Los querellantes en el caso Calamar, representados por abogados como Pablo Benjamin Castillo Mercedes, denuncian que el Ministerio Público solo está buscando indemnizar al Estado dominicano como querellante, ignorando a otras partes afectadas por el caso. Castillo Mercedes argumenta que la ley prevé que la víctima debe ser indemnizada en caso de llegar a un criterio de oportunidad, pero el Ministerio Público considera que la única víctima es el Estado dominicano. La jueza Altagracia Ramírez ha pospuesto la audiencia para notificar a los querellantes sobre el acuerdo de criterio de oportunidad presentado por el Ministerio Público con los acusados en el caso Calamar.
En el caso Calamar, el Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa buscan validar un acuerdo de homologación con varios testigos, incluyendo a Ramón Emilio Jiménez y Belkis Antonia Tejada, acusados de realizar cobros ilegales junto a la Dirección de Casino y Juegos de Azar durante el período 2016-2020. Los abogados de los querellantes denuncian que el Ministerio Público solo busca indemnizar al Estado dominicano como querellante, dejando de lado a otras partes afectadas, como la familia Mota representada por Pablo Benjamin Castillo Mercedes, que sufrieron daños por falsificación de firma y cobro de poderes falsos. La jueza Altagracia Ramírez ha pospuesto la audiencia para notificar a los querellantes sobre el acuerdo de criterio de oportunidad presentado por el Ministerio Público.