La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva para Jochi Gómez, Hugo Beras y Pedro Vinicio Padovani Báez, acusados en el caso Camaleón. La magistrada Fátima Veloz declaró el caso como complejo y ordenó que cumplan la medida en la cárcel de Najayo-Hombres. Además, estableció que la revisión de la prisión preventiva deberá hacerse cada tres meses y programó la primera audiencia para enero del 2025.
En el caso de Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, se determinó arresto domiciliario y presentación periódica ante el ministerio público. Mientras que para Frank Díaz Warden, Carlos José Peguero Vargas y Juan Francisco Alvarez Carbucia, se impuso el pago de una garantía económica y medidas como impedimento de salida sin autorización. Se les otorgó un plazo de siete días para realizar el pago, de lo contrario serán trasladados a Najayo.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) se mostró satisfecha con la decisión del tribunal y anunció que seguirán trabajando para obtener evidencia que respalde las imputaciones. Wilson Camacho, titular del PEPCA, expresó que la prisión preventiva a los tres implicados es un paso importante en la búsqueda de la verdad y la justicia. Asimismo, anunció que continuarán investigando nuevas líneas que puedan involucrar a más personas.
Por otro lado, la defensa de Hugo Beras anunció que apelarán la decisión del tribunal, ya que consideran que no hay elementos suficientes para justificar la imposición de la prisión preventiva. Laura Acosta, abogada de Beras, mencionó que la jueza rechazó un pedido de nulidad de los allanamientos y argumentó que el riesgo para la investigación no es válido, ya que Beras no ocupa actualmente un cargo de alta jerarquía. La defensa sostiene que continuarán luchando para lograr la liberación de su cliente.
El Ministerio Público ha acusado a los imputados de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad. Estas acusaciones son parte de un proceso en curso que busca esclarecer y combatir la corrupción en el país. La justicia continuará trabajando en el caso para llevar a cabo las diligencias necesarias y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.
